Tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento de Madrid se han convertido en un laboratorio tanto de los pactos de las tres derechas como de la forma de actuar de los nuevos gobernantes, que da una idea de cuál es su forma de entender las relaciones entre los partidos y con los vecinos a los que van a gobernar no solo en estas instituciones sino en el conjunto de aquella en las que gobiernen.  

En la comunidad se juega la partida fundamental entre Ciudadanos y Vox cuyas exigencias mutuas son incompatibles para alcanzar un pacto de gobierno. Como es presumible que finalmente alcancen un acuerdo, puesto que los escaños de las tres derechas son más numerosos que los de las formaciones de izquierda, queda por ver cuál de los dos partidos dará antes la espantada. El partido de Santiago Abascal sostiene que su pretensión es alcanzar un acuerdo firmado por los tres partidos y tener responsabilidades de gobierno, lo que no ha alcanzado hasta ahora en ninguna parte, mientras que la formación de Albert Rivera mantiene que las negociaciones solo las hace con el PP, que a su vez no quiere sobresaltos en la designación de Isabel Díaz Ayuso, porque de ninguna de las manera está dispuesto a perder la joya de la corona y menos tras haber recuperado el Ayuntamiento de Madrid. O sea que o gana Vox o vence Ciudadanos, o buscan algún modo de hacer tablas que por el momento no se vislumbra.     

Madrid es tan laboratorio que en esta comunidad es Ciudadanos quien amenaza con una repetición de las elecciones, si Vox no se retracta y asume su papel vicario. Lo que no desean para el conjunto de España están dispuestos a proponerlo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Sin duda se trata de una propuesta con muchas aristas, dado que las últimas encuestas señalan que Ciudadanos apenas mejoraría sus resultados cuando no los empeoraría de forma determinante y, a poco que la izquierda hubiera aprendido, las posibilidades de mejora son evidentes. Es poco probable que las tres derechas quieran pegarse un tiro en el pie con una nueva llamada a las urnas.

No solo porque las elecciones puedan arrojar resultados inciertos, sino porque los madrileños acudirían a votar sabiendo el responsable de la situación y teniendo en mente las primeras medidas adoptadas por el Ayuntamiento regido por José Luis Martínez-Almeida que todavía no ha decidido si dará responsabilidades de área a los concejales de Vox que las piden en función del acuerdo firmado con el PP -pese a la trampa semántica de las concejalías de gobierno- y que tiene que compatibilizar con el acuerdo con Ciudadanos, y sobre todo porque sus primeras medidas tienen en muchos casos el olor a la sumisión a las propuestas de Vox, como la supresión de centros y actividades vecinales en algunos distritos, las relacionadas con la celebración del Día del Orgullo en la capital y su propaganda y simbología, y de manera destacada con el intento de acabar con Madrid Central, la restricción al tráfico en el núcleo de la ciudad, de efectos benéficos para la calidad del aire que respiran los madrileños y con los empresarios divididos sobre sus efectos económicos. Una decisión de la nueva corporación en la que existen discrepancias entre PP y Ciudadanos. Por el momento hay 90 días de moratoria sin multas y ya se ha notado el incremento de la circulación en la zona y el aumento de la contaminación.