El Ministerio de Agricultura, más de cuatro décadas después de las primeras y únicas elecciones generales celebradas en el sector agrario en mayo de 1978, tiene decidido el establecimiento de un nuevo sistema para medir la representatividad en el sector agrario y definir interlocutores. Desde aquella fecha, con las competencias en manos de las Comunidades Autónomas, la celebración de elecciones ha sido un proceso muy irregular con territorios donde se han hecho varias convocatorias como en Castilla y León, Cataluña o Madrid, mientras en otras no se ha llevado a cabo ninguna, como es el caso de Andalucía o en Castilla-La Mancha. Actualmente, está prevista la convocatoria de elecciones en la Comunidad Valenciana tras su aprobación por el Parlamento Autonómico. 
Tomando como referencia los últimos tres años, se han celebrado elecciones en 2016 en Cataluña, en 2017 en Extremadura, en 2018 en Castilla y León y en el 2019 en Madrid. En el conjunto de esas elecciones, del total de los votos, el 35,5% correspondieron Asaja; el 33,30% a Unión de Uniones; el 16,2% a COAG y el 14,9% a UPA. En estos resultados parciales, por lo que deben considerarse como tales, en el caso de Unión de Uniones ha sido decisivo el fuerte peso de Unió de Pagesos en Cataluña, con una cuota superior al 58%; de la Unión de Campesinos en Castilla y León, con el 26,9%, o del 24,7% en Madrid. En Asaja destaca su cuota del 47,6% en Madrid, del 46,9% en Extremadura y del 43% en Castilla y León. UPA tuvo su mejor resultado en Extremadura con un 37,6%, del 15,7% en Castilla y León y un 12,7% en Madrid. COAG lograba un 28,3% en Cataluña, el 15,07% en Castilla y León y un 14,8% en Madrid.
De las cuatro organizaciones agrarias, la única que ha reclamado elecciones generales en el sector en los últimos años ha sido la Unión de Uniones, compuesta por varias organizaciones territoriales escindidas de COAG entre 2006 y 2008 o siglas de Jóvenes también salidos de ASAJA. Aunque se halla en mesas de las Comunidades Autónomas donde se han celebrado elecciones, no tiene el reconocimiento estatal en el Ministerio Agricultura. No acuden a las mesas de negociación con el resto de las siglas, ni están en las interprofesionales, se les recibe por separado y perciben menos fondos. 
En más de 40 años, la principal iniciativa para la celebración de unas elecciones generales en el sector data de 2014 con una Ley promovida por Miguel Arias Cañete, que no llegó a desarrollar, y que su sucesora, Isabel García Tejerina, dejó aparcada a la vista, también, del escaso interés de las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG de no ir a un proceso electoral. El ministro de Agricultura Luis Planas sí es partidario de regular la representatividad agraria, pero considera que no sirve la Ley promovida en 2014 y el modelo previsto de elecciones en la misma, dada la complejidad de definir los posibles votantes donde se dan la mano profesionales dados de alta en la Seguridad Social, agricultores a tiempo parcial, propietarios no dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social o personas jurídicas. 
De cara a esa nueva regulación, no están totalmente definidas las condiciones por las que se pretende calificar la representatividad de las organizaciones en el sector. Lo que hay claro en este momento es que, en todo caso, no será por la vía de las elecciones como si se tratara de una convocatoria de comicios generales políticos. El modelo elegido para medir el peso real de cada organización a efectos de interlocución ayudas se basa, entre otros baremos, en el número de afiliados reales y de cotizantes, el número de oficinas o el volumen de servicios prestados directamente, además de los resultados obtenidos en las elecciones 
La actual representatividad agraria data de la elecciones a escala estatal celebradas en mayo de 1978 donde concurrieron más de una docena de siglas y donde las más votadas fueron la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, CNAG; Unión de Federaciones Agrarias de España, Ufade; el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, Cenja; la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Coag y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Extraoficialmente, a efectos de representatividad, se manejaba un porcentaje superior al 40% entre CNAG, UFADE y CENJA, menos del 40% de COAG y menos de 20% en UPA.
 En los años siguientes, se produjeron diferentes movimientos de fusiones y de escisiones. CNAG, UFADE y CENJA se fusionaron en 1989 constituyendo la actual Asaja de la que se separó una parte de jóvenes agricultores para constituir Iniciativa Rural. En el caso de COAG, se produjo, igualmente, una escisión de varias organizaciones donde destaca Unió de Pagesos en Cataluña, Unió de Llauradors en la Comunidad Valenciana o la Unión de Campesinos en Castilla y León. Los movimientos habidos han supuesto una pérdida de peso fundamentalmente para COAG ante la salida de tres de las entidades más potentes como Unió de Pagesos, dominante en Cataluña; Unión de Campesinos, en Castilla y León, y Unió de Llauradors, con gran peso en sus territorios ASAJA y UPA se mantienen.
 Esas tres organizaciones surgidas de COAG junto con los jóvenes escindidos de ASAJA constituyeron en 2008 una nueva asociación estatal, Unión de Uniones a quien, hasta la fecha, Agricultura le negó representatividad junto al resto de las siglas. Esta nueva entidad ha sido obviamente la única demandante de la celebración de elecciones el campo. En medios oficiales, en contra de algunas valoraciones, se desmiente que la decisión de clarificar la representatividad en el sector sea una demanda de Unió de Pagesos muy ligada a las posiciones independentistas y una concesión de la Administración central. 
Ante la iniciativa de Atocha de regularizar la situación sin un proceso electoral, esa sigla considera se halla en inferioridad de condiciones frente al resto de las siglas por no haber dispuesto en la última década las mismas ayudas públicas percibidas por las otras tres para el funcionamiento de las oficinas y, entre otros, recursos para pagar las cuotas del COPA en el marco comunitario.