La Justicia ha hablado y lo ha hecho en forma contundente. Ni Oriol Junqueras es europarlamentario ni Joaquim Torra es diputado autonómico. En consecuencia, el primero ha de cumplir en prisión la condena de trece años impuesta por su participación en el golpe a la democracia y puede incorporarse a su escaño en Bruselas. El segundo, queda apeado de su condición de diputado catalán, lo que lleva aparejado su cese como presidente de la aquella comunidad.
Poco hay que se pueda discutir salvo acatar el dictado de los jueces. Algo que, como era de esperar, no piensa hacer Torra, quien, con el respaldo del presidente del Parlamento catalán, ha insistido en su posición de desobediencia. Nada nuevo. Salvo el cariz político que cobra ahora este asunto.
Pedro Sánchez, que aprobó su investidura merced al aval pasivo de ERC, se encuentra ahora ante un severo dilema. En sus negociaciones con los independentistas se comprometió a participar en las mesas de negociación bilateral con el Gobierno catalán. Algo inaudito y ajeno por completo a nuestro marco jurídico. Torra precisamente pretendía presidir ‘la parte catalana’ en estos encuentros. El Supremo acaba de desalojarle de su escaño en la Cámara catalana, por lo tanto, ha de renunciar a su condición de presidente autonómico. ¿Y si no lo hace, como ya anuncia?.
La pregunta es si, en ese caso, Sánchez mantendrá sus compromisos nada transparentes con ERC y acepta que Torra se sume a estas negociaciones, cuyo objetivo primordial es pactar un referéndum de autodeterminación, como aseguran los secesionistas. Sánchez, una vez confirmado en la presidencia, está obligado a no legitimar a Torra mediante la aceptación de su comparecencia en estas reuniones. De hacerlo, estaría contraviniendo lo que acaban de dejar bien zanjado el Supremo y la Junta Electoral Central y estaría sumándose a las posiciones de los independentistas. Cabe confiar en que, ya instalado de nuevo en La Moncloa, Sánchez opte por el camino correcto que no es otro que el del estricto respeto a las leyes.