Mucho quiere hacer el nuevo gobierno de España sin recursos adicionales a la vista. Ni siquiera comienzan cumpliendo con una máxima, lógica ante la crisis: con dificultades económicas mejor gastar en prestar derechos, que en el gestor de los derechos. El gobierno de coalición entre socialistas, comunistas y demás gente buena, por el contrario, incrementará el número de gestores públicos de carácter político y no profesional. Lo que la economía sigue exigiendo, frente a ello, son operaciones de adelgazamiento, racionalización y reorganización administrativa, que también incluyen la revisión del gasto público en empleados, políticos y prácticas de gasto corriente que no repercuten directamente en la concreción de derecho alguno. Sin esta prioridad, lo más natural es que siga manteniéndose un desajuste inabordable entre las necesidades y los recursos. Esa es la tozuda realidad que encontrarán los planteamientos populistas, radicales o revolucionarios cuando asuman (o tengan la suerte ya de haber podido asumir) el mando de una nación. Los gastos superfluos, las generosas retribuciones de dirigentes, estructuras de asesores, o aumento general de costes añadidos de subvenciones y demás prebendas, ni sanean el país ni contribuyen a la implementación final de lo único que la constitución pretende (personas y recursos públicos, tan solo encaminados a la consecución de los derechos). Mal comienzo, aunque podemos consolarnos pensando que, generalmente, las medidas de contención y ahorro en los dirigentes, tan solo son paliativas, y quedan habitualmente lejos de ser la panacea de la curación para la montaña de gastos fijos que se arrastran durante años en todo lo necesario, pero que también se generan al socaire de políticas de gasto público alegre y prescindible. Ahí está la clave de nuestro nuevo gobierno español: en esto también se prevé un aumento. Por ello, donde parece residir el muro de contención ante el despropósito es, una vez más, en la Unión Europea y sus reglas de gasto. Este baluarte defensivo de nuestra economía y de nuestros derechos puede, no obstante, convertirse en un castillo de arena visto cómo se las gasta el Sr. Presidente cada vez que se encuentra en su camino de ascenso/mantenimiento del poder una dificultad de cualquier orden. Las bases constitucionales para respetar la separación de poderes, las decisiones de la Justicia, o los límites de su propia actuación ética le vienen resbalando en buena medida, por lo cual, no parece que vaya a ser suficiente que la Unión Europea tenga la capacidad de llamarle a capítulo. En efecto: ¿Qué puede salir mal?