Tras cuatro días incomunicada, tras el desastre de las recientes inundaciones, un periódico titulaba en portada: "La gente preguntaba dónde había pan". Impresiona. Hace unos días, ese mismo periódico se refería a que a muchos de los inmigrantes del Aquarius, rescatados a bombo y platillo en junio del año pasado, se les ha denegado el asilo. Y cuando se rechaza el derecho al asilo, al inmigrante se le dan 15 días para que abandone el sistema de acogida por el que recibe ayudas al alquiler, cursos de formación en peluquería o informática y clases de español. También dejan de tener autorización para trabajar. Y si quieren regularizar su situación por arraigo social o laboral, tienen que esperar tres años y sobrevivir como puedan, siempre pendientes de que nos les detengan y les envíen de nuevo a su país por estar en situación irregular. Así que, acogemos a los inmigrantes como los del Open Arms o los del Aquarius, se explota políticamente la "generosidad" oficial, y luego se les dejan en la calle, sin permiso para trabajar, sin presente y sin futuro. Pura hipocresía. 
En 2018 España dio protección internacional a 2.895 personas, el 24 por ciento de las que lo solicitaron, un 11 por ciento menos que el año anterior y un 14 por ciento menos que la media en Europa. Son datos. 
Con los menores no acompañados, sobre todo con las niñas, sucede algo incluso peor. Después de sufrir situaciones terribles en sus países -obligadas a casarse contra su voluntad con hombres mayores, sin poder acceder a la enseñanza, sometidas a ablación, explotadas sexualmente, etc.- el viaje a la Europa de los derechos humanos es un drama peor. Son extorsionadas por las mafias, sufren abusos y agresiones sexuales y muchas caen en la trata y son prostituidas en Europa. Y en muchos casos son agredidas o sufren abusos por las fuerzas de seguridad que deberían protegerlas y defenderlas. Ya en España, muchos de estos menores pasan de una comunidad autónoma a otra casi sin control, otros se escapan porque no saben o no quieren vivir en centros de acogida, y en muchos casos, cuando cumplen los dieciocho años son puestos en la calle sin trabajo, sin papeles y sin presente ni futuro. 
¿Nos hemos preguntado los que vivimos en la sociedad del despilfarro lo que es no tener pan ni cama ni nada, solo miedo, no durante cuatro días sino durante meses o años? Decía recientemente el filósofo Javier Gomá que el hecho de que haya una sociedad escandalizada de cómo tratan a los inmigrantes que huyen de la guerra y del hambre, "ese escándalo justo es absolutamente nuevo y una extraordinaria noticia porque implica un progreso moral sin precedentes". Tengo dudas de que sea así -ojalá- y de que no esté creciendo en la sociedad española ese pensamiento de que los inmigrantes son un problema al que hay que poner freno y que son unos privilegiados en nuestra sociedad y a costa nuestra. No es sólo en España. El 40 por ciento de los europeos piensan que es "el mayor problema de Europa" (Eurobarómetro). Y en España, donde hay cinco millones de ciudadanos extranjeros, pero solo dos millones no europeos, algunos están exacerbando el odio al inmigrante. Hay que denunciar esa conciencia de que por haber nacido aquí tenemos derechos que negamos a los que han nacido unos pocos kilómetros más abajo y viven y mueren en la miseria o en la opresión, en la indignidad más absoluta. Con nuestro silencio.