La ley no es la verdad sino la norma, pero su aplicación concreta va a depender del talante particular de los administradores de justicia que son los jueces. Pienso que los avances de la técnica bien podrían jubilar a la judicatura entera, porque un programa informático podría emitir sentencias perfectamente ajustadas a derecho.
Cualquier gobierno para mantenerse necesita dominar los presupuestos, los medios de comunicación y la justicia. Una justicia establecida como la codificación del poder del más fuerte, es decir: que otorgue a alguien tanta razón como poder tenga.
La sumisión de la justicia se logra haciéndola «de conveniencia». En 1933, cuando Adolf Hitler se convirtió en Canciller de Alemania, los nazis acuñaron un término que era la Gleichschaltung, la nefasta coordinación con el poder para que lo justo ceda ante lo conveniente. Entre nosotros también ha existido esa política de connivencia con el poder delatada en las palabras de Conde Pumpido de «mancharse la toga con el polvo del camino» que equivale a relativizar la norma según las circunstancias y dictar lo útil frente a lo debido.
La jueza argentina Servini va a procesar al español Martín Villa por un «delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad» cometidos en España hace 50 años. Es una acusación desmedida es insostenible, pues las víctimas lo fueron por la policía franquista residual, pero que realmente va dirigida contra «la transición» con la finalidad de invalidarla. Aceptar la injerencia de Servini es quebrantar la legalidad española referente a la prescripción de los delitos y la Ley de Amnistía, pero lo hará gracias a una maniobra de la fiscal Dolores Delgado que ha anulado una orden jurídica de la Fiscalía General del Estado del 2016, con una simple nota informativa interna que no rebate los argumentos jurídicos que se expusieron entonces. Delgado no actúa como fiscal del Estado sino del Gobierno y su particular memoria histórica para que la verdadera transición comience con Sánchez como presidente de la República
Los procesos se vician por el afán de protagonismo de los jueces y basta recorrer sus itinerarios profesionales para mostrar que pueden llegar a la prevaricación. La Servini es una exhibicionista zumbada, Delgado es una franquicia de Baltasar Garzón, que fue condenado e inhabilitado por sus malas prácticas en busca de notoriedad que le llevaron a abrir una causa general a la Guerra Civil y el franquismo. El filósofo Gustavo Bueno le vapulea atribuyéndole el «complejo de Jesucristo» que desde la gloria venía para juzgar a los vivos y a los muertos.
La pasmosa declaración de la fiscal Delgado «es responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática» evidencia la sumisión de la justicia a una ideología. Del mismo estilo fue en tiempos la llamada «justicia democrática», que agrupaba a un colectivo de jueces progresistas. ¿Por qué invocar una justicia democrática? Ni la física, ni la cirugía, ni la música… lo son. La justicia basta con que sea eficaz, esto es, imparcial y rápida. Pero para sostener al Gobierno se necesita una justicia hecha a su medida.