Es una técnica oratoria bien conocida la de decir que no se va a decir lo que se acaba diciendo. En el atípico pleno del Congreso en el que se autorizó al Gobierno a ampliar el estado de alarma durante dos semanas más, se utilizó a placer. El jefe de la oposición Pablo Casado apoyaba al Ejecutivo a regañadientes, mientras que Pedro Sánchez aseguraba que no era el momento de defenderse de las críticas al tiempo que apuntaba algunas de las líneas que utilizará para hacerlo cuando llegue el momento.
La oposición de derechas, en el escenario de la proliferación de la epidemia con la insoportable secuela de víctimas, lo tiene difícil. Desde el primer momento se ha movido entre la lealtad ante la gravedad de la situación, y las ganas de saltar a la yugular al Gobierno para sacar rentabilidad política. Ha oscilado entre una y otra táctica en función de los tiempos. Forzada al apoyo al Gobierno por sentido de Estado, porque no puede hacer otros movimientos, de vez en cuando se resiste a mantenerse en un segundo plano y envía a sus dos principales arietes, Teodoro García Egea y Cayetana Álvarez de Toledo, a allanar el camino para las intervenciones de Pablo Casado, que entran en contradicción con la posición mantenida por los consejeros de sanidad en las comunidades autónomas donde gobiernan, o la del alcalde de Madrid, José Luis Martinez- Almeida, que ponen el acento en la buena coordinación y la cooperación.
Como en la crisis económica de la década pasada que se llevó por delante o dejó demediados a los gobiernos que tuvieron que gestionarla, la esperanza del PP y de Vox es que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus provoque un cambio de tendencia en la gobernación de España. De ahí el carácter interrruptus de la tregua de Pablo Casado y Santiago Abascal, para no dejar que el Gobierno de coalición rentabilice políticamente el control de la epidemia, cuando se produzca, pero sin dar una imagen de insolidaridad en un momento en el que la responsabilidad de la ciudadanía es un ejemplo a seguir.
Por el contrario, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han desgranado la línea de tiempo de las medidas adoptadas en función de lo que se conocía del coronavirus y de su evolución en nuestro país y en el resto del mundo para defender que no se ha producido inacción al abordar la crisis.
“Con lo que se sabe ahora se habría actuado de otra manera”, dijo el jefe del Ejecutivo. Lo que continúa sin saberse es que habría hecho Pablo Casado en las mismas circunstancias, y lo que es más relevante tampoco se sabe que es lo que propone de ahora en adelante, porque ni tan siquiera se manifestó a cerca de una de las cuestiones que están en el horizonte, el cese total de la actividad productiva que no es esencial, una posibilidad que apuntan desde Unidas Podemos en función de como evolucione la epidemia, o la adopción de esa medida de forma inmediata como demandan Cataluña o Murcia. De esta forma siempre podrán decir que, sea cual sea las decisiones que adopte, el Gobierno no ha acertado y ha sido negligente. Las propuestas de la oposición son más simbólicas -banderas a media asta- y de carácter económico -con el mismo sesgo ideológico que critican a las previsiones del Gobierno- que de orden sanitario.