La propaganda del sanchismo calificó de ‘vuelta a la normalidad’ la salida de la excepcionalidad del estado de alarma y el comienzo de la nueva etapa. El problema es que lo que llamaban ‘desescalada’ se ha concretado con demasiadas prisas, como ahora subrayan los especialistas sanitarios, inquietos ante la situación que emerge ante nosotros.
 La epidemia nunca se ha ido, en contra de lo que anunciara a finales de julio el presidente del Gobierno, con aquel «hemos vencido al virus». Los datos aparecen cada día más peligrosos y la situación muestra ya síntomas de convertirse en preocupante y fuera de control.
Las invocaciones a la prudencia, a seguir las indicaciones de los responsables públicos, los consejos de los sanitarios, las exhortaciones de quienes ya han pasado por ese drama, parece que de poco han servido. Por doquier se prodigan festejos familiares, celebraciones de amistades, concentraciones juveniles, botellones, saraos de todo tipo y condición que nadie parece ser capaz de poner coto. Basta darse una vuelta nocturna por determinados barrios de las grandes ciudades o incluso por algunas zonas de localidades pequeñas para comprobar que el seguimiento de las instrucciones oficiales apenas se cumplen.
Se han ocultado los cadáveres, no se han querido mostrar los zarpazos de la pandemia en su cruda realidad, razonan ahora sanitarios, sociólogos y especialistas en la materia. Se ha tratado a la población con paternalismo exagerado, con un proteccionismo que llevaba hasta al engaño. Es cierto, el Gobierno no sólo manipuló cifras de muertos sino que escamoteó las duras imágenes del sufrimiento, del dolor.
De ahí el absurdo de los negacionistas, los incrédulos, los escépticos y los pasotas, que descreen de las mascarillas y hasta de la existencia del mal. En especial los jóvenes, asintomáticos y ahora auténticos transmisores del contagio. Entramos en una fase decisiva de la epidemia y no parece que el Ejecutivo tenga ni el conocimiento, ni la decisión, ni las herramientas para hacerle frente. Encogerse de hombros y pasarle toda la responsabilidad a los dirigentes autonómicos es, desde luego, una actitud inadmisible. Más bien es una ofensa al sentido común y un desprecio a la angustia de la sociedad.