Tanto por la legislación laboral como por el buen sentido, ser trabajador social en Psicología y Pedagogía es un empleo para el que están igualmente capacitados los varones y las mujeres. Pero, por lo que ahora veremos, esto no le entra en la cabeza al Ayuntamiento de Cheste (Valencia) que para cubrir una plaza convocó un concurso cuyas bases reguladoras se publicaron con fecha 29 de marzo de 2018 y con las disposiciones siguientes.
 Bajo el título de ‘Acciones positivas’ el concurso enumera una serie de cualidades preferentes en los candidatos, siendo valoradas las discapacidades físicas que puntúan desde 0’5 hasta 1, siendo esta nota máxima para los discapacitados superiores al 65 %. Antes de seguir adelante, pienso que la minusvalía no debe ser un impedimento, pero tampoco un merecimiento, pues por esta política de beneficencia acabaríamos teniendo un cuerpo de funcionarios físicamente demediados mientras que los mejor dotados padecerían un permanente ‘lunes al sol’. Sería una inconsecuencia parecida a la de considerar la drogadicción como atenuante de un delito, que aceptamos por costumbre y sin análisis.
 Pero vamos a lo que resulta llamativo en esta convocatoria, y es que entre las ‘acciones positivas’ que cita hay una que consiste en ‘Por ser mujer’. Sin entrar en mayores análisis, este enunciado es inconstitucional porque contiene una discriminación por razón de sexo. Y si seguimos leyendo la convocatoria, vemos que esa condición femenina está valorada en 1 punto, que es la misma protección que se concede  a  una persona que tiene el  65% de discapacidad.
 Es decir, que lo que se valora en la mujer equivaldría a una minusvalía, en virtud de la cual se establece una cuota de protección compensatoria. A la anterior lista de irracionalidades se puede añadir la de estas cuotas que, en el fondo, consagran la inferioridad de la mujer.
 Lo preocupante del caso es que las masas, arengadas por los discursos emocionales, consideren esta política de discriminaciones como natural y reivindicativa de la condición femenina, y que oponerse a ella es una actitud machista propia de los malvados ultras de VOX.
 Pero sigamos con la historia, porque la reclamación de un aspirante varón para esta plaza, hizo que el Defensor del Pueblo o Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana pidiese al Ayuntamiento de Cheste que eliminase la cláusula que da un punto por ser mujer, por ser «contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad» que deben regir el acceso al empleo público. Pero ha sido lamentable «la falta de voluntad de la corporación municipal», de izquierdas, para atender la reclamación del Síndico. Debo suponer que también la concejala de Igualdad en su designación haya sido beneficiaria de un «mal de cuota» tan contagioso.
 Como traca final, un Ayuntamiento que usa tal discriminación como un recurso para conseguir una mayor igualdad, la aplica erróneamente en un sector donde la presencia femenina es mayoritaria en un 80%, lo que hace que la única discriminación positiva fuera la contraria, es decir la de favorecer la presencia del género masculino.