La Justicia ha bordado una semana brillante en su papel de garante del Estado de Derecho. Todas las semanas lo hace, pero esta primera de junio ha sido especialmente significativo su papel. El juicio por los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña está siendo un bálsamo para millones de españoles que se sienten humillados con la impunidad de los independentistas catalanes, siempre con sus gestos de desprecio y desconsideración hacia todo lo que les huela a España. El informe final de las conclusiones del fiscal se ha impuesto en horario de máxima audiencia frente a la utilización de la abogado del Estado, cuyo ejercicio de equilibrismo en la cuerda floja en la que le ha dejado el gobierno Sánchez no ha convencido ni a juristas ni al pueblo en general. Tratar ahora de sustituir la palabra violencia por fuerza para definir la forma en que se condujo a la multitud en la Consejería de Economía resulta un ejercicio voluntarista, sabiendo todos como sabemos dónde está el abogado al que tuvo que sustituir por no plegarse a las demandas del ejecutivo. El fiscal Zaragoza lo tiene mucho más claro: lo ocurrido en el otoño de hace dos años fue un golpe de Estado cometido por personas que se aprovecharon de las instituciones que ocupaban para cometerlo. Falta lo más importante, la sentencia que tendremos tras el verano, y hasta entonces debe imponerse la presunción de inocencia de los acusados, Pero los hechos aparentemente probados durante este ejemplar proceso dejan pocas dudas. Y emerge la figura del presidente de la sala, el magistrado Marchena. Es el auténtico Defensor del Pueblo (¿hay alguien ahí, en esa noble institución?) que ha frenado las chulerías y lindezas de todos los testigos y acusados que quisieron aprovechar el púlpito de la sala de vistas del Supremo para hacerse un poco de propaganda antiespañola. Los videos con sus intervenciones tajantes son virales y han sido vistos dentro y fuera de España, para beneficio del proyecto común que pretendemos sacar adelante los ciudadanos de este país.
En segundo término se juega la batalla de la política. El efecto que tendrá una sentencia condenatoria sobre la nueva legislatura parece haber quedado mitigado por unos resultados favorables al candidato socialista. Las sumas que está realizando a lápiz sobre el tapete están a punto de permitirle someterse a una investidura relativamente plácida, y de él dependerá el grado de sumisión que tiene en los próximos años con quienes han intentado vulnerar el orden constitucional. Si repite lo hecho durante su primer año de tormentoso mandato, la inestabilidad estará asegurada.