No cumplió el Gobierno con su promesa de mayo. No elaboró una alternativa legal y razonable a la excepcionalidad del estado de alarma. Optó por el camino más sencillo, el que no exige esfuerzo, el que no entraña diálogo. El de ordeno y mando. Nueve meses después del comienzo de la pandemia (todo se sabía ya en enero, sí, en enero, once avisos formales y oficiales que fueron desoídos por Salvador Illa en aras de la manifestación feminista del 8-M), la única iniciativa que es capaz de habilitar el Gobierno de Sánchez es, otra vez, el cerrojazo, la inmovilidad, el estado de alarma, la Edad Media.
Una medida, a todas luces arbitraria e innecesaria. Los datos en la Comunidad de Madrid iban bien, según reconocieron los propios portavoces oficiales de Moncloa. Iban mejor que los de otras zonas y otras comunidades sobre las que no se han adoptado medidas de tal calado. Sánchez, malherido por la sentencia de los tribunales que tumbó en primera instancia su primer drástico paquete de inmovilidad ciudadana, quería doblarle el pulso el Madrid y, sin negociar, ni pactar ni casi informar, tiró por el camino directo de la alarma, el cerrojazo vísperas del gran puente del Pilar. Una solución arbitraria, adoptada desde la obsesión política, nada que ver con ese preocupación por ‘la salud de los madrileños’ que pregona insistentemente Illa, un ministro en cuarto creciente de credibilidad y solvencia, un aprendiz de brujo al que esta descomunal crisis se le ha ido de las manos.
A esta desproporcionada actuación hay que sumar la exhibición de prepotencia del ministro Grande-Marlaska que desplegó más de 7.000 policías en diversos puntos de Madrid, pertrechados cual si fueran a perseguir terroristas, que sembraron el caos y el desconcierto en las principales arterias de la región No se trataba de ayudar a los madrileños, sino de castigar a una Comunidad en la que desde hace 25 años, el PSOE no ha logrado gobernar. Una vendetta rastrera, una actitud inaceptable, un gran patinazo de Sánchez y su equipo. Un desgarro que deja huella.