Editorial

La Ley Celaá, el octavo y peligroso fracaso educativo de España

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Lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, con una parte del hemiciclo aplaudiendo la aprobación de la nueva ley educativa y la otra mitad pateando contra ella evidencia la necesidad de que los políticos trabajen de una vez por todas por una norma que satisfaga a todos. Es la enésima ley reguladora del derecho a la educación que se aprueba en las Cortes Generales que sirve para enfrentar a los partidos entre ellos y para tensionar a una sociedad igualmente dividida que no merece la falta de respeto a la que un gobierno tras otro le condena.
La más reciente, la que ha elaborado el departamento de Isabel Celaá, es el último ejemplo de una norma que difícilmente puede ser asumible por una parte de la población, cargada de ideología, como también lo fue en parte la aprobada bajo mandato de Mariano Rajoy, elaborada por un polémico ministro, José Ignacio Wert, que tampoco contentó más que a una parte. Lo que para el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos supone un ejercicio de sentido común con medidas como que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias o la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo supone para una parte de las familias una intromisión en el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos. Tampoco se puede perder de vista que se dé luz verde a la derivación de alumnos de los centros de Educación Especial a colegios ordinarios en el plazo de diez años si llegado ese momento no se han puesto los medios necesarios para que se den las condiciones que precisan esos alumnos. Hoy sería inviable.
De poco sirve que algunas de las medidas incorporadas a esta ley de socialistas y comunistas puedan reunir cierto consenso si las principales crean un profundo malestar en las familias no ideologizadas, que son muchas más de las que se manifiestan. El próximo domingo se formarán en varias ciudades de España caravanas de protesta contra esta ley, que muy posiblemente el PSOE no se hubiera atrevido a sacar adelante si no fuera necesario el concurso de Podemos en el Gobierno. Los socialistas han gobernado la nación durante más tiempo que el Partido Popular y sus reformas, aunque también polémicas, no han tenido tanta carga ideológica como la recién aprobada. Esta ley puede estar poniendo de relieve que la necesidad de los votos de Podemos (la ley se aprobó ayer por solo un voto de diferencia) esté llevando al PSOE hacia unas posiciones que le alejan de la moderación de otros tiempos.
En cualquier caso, la exigencia ha de ir más allá de la actual ley, sobre la que la oposición piensa recurrir. El día que el nuevo texto pase a la historia deberá serlo porque entre todos los partidos se haya podido consensuar otro. De lo contrario, el episodio de ayer se volverá a repetir, pero cambiando los papeles de los intervinientes.



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