Una de las mayores críticas a la gestión de la crisis sanitaria y su derivada económica que se realiza al Gobierno es la unilateralidad con la que ha adoptado las últimas decisiones relacionadas con el mercado laboral y productivo, que no las ha consensuado ni con la oposición, ni con las comunidades autónomas ni con los empresarios. Son críticas que tienen fundamento, más relacionadas con los aspectos formales que con los sustanciales. La apertura de un debate a tantas bandas sobre los sectores que debían cesar o no su actividad, que las comunidades tuvieran capacidad de decidir sobre sus empresas, o con los empresarios con sus exigencias habría motivado que la decisión no terminara de adoptarse nunca en un momento en el que la iniciativa tiene como objetivo despejar la presión sobre el sistema sanitario.

Cierto, sin embargo que el Gobierno debía haber comunicado con antelación y haber realizado unas consultas a los sectores afectados para cubrirse las espaldas, porque en democracia las formas son esenciales y sobre todo cuando se depende de muchos actores para la convalidación de los reales decretos en los que se aprueban las medidas. Cuestión de forma, porque en el fondo los trabajadores afectados por el cese de actividad total habían reclamado poder realizar el confinamiento para no contagiarse sin contagiar a sus familias.

¿Es un bandazo adoptar una decisión que a la vista de la evolución de la epidemia no se había considerado necesaria en un momento dado y se aplica unos días después? La situación es dinámica y se toman medidas en función de ella, que por otra parte ya se han ensayado en otros países con el mismo grado de polémica. Que se produzcan revisiones o enmiendas a las propias normas por parte del Gobierno habría que apreciarlo más que como un detalle de improvisación, como un deseo de que resulten verdaderamente eficaces.

No se trata de que la solidaridad y apoyo al Gobierno sea ciego, pero quizá se equivoquen quienes ponen el acento en esas críticas de carácter político -las actuaciones habrá que debatirlas y depurarlas en su momento-, cuando la ciudadanía quiere que se ponga freno a la epidemia de la forma más rápida posible para recuperar la vida cotidiana. Las recriminaciones al Ejecutivo de que adopta iniciativas con un sesgo claramente ideológico se compensan con las alternativas no menos ideológicas que propone el PP .Y en las acusaciones por la falta de elementos de protección para los sanitarios y de respiradores para los afectados no es que sirva el mal de muchos, pero las dificultades que ha tenido el Gobierno para adquirirlos se han multiplicado en el caso de las comunidades autónomas que tienen transferidas la gestión sanitaria y en el resto de países europeos que afrontan las mismas dificultades de aprovisionamiento y de recursos propios, en unos casos materiales y en otros humanos.

El Gobierno aprobó ayer dos de las medidas que se han reclamado desde el inicio de la epidemia del covid-19, las ayudas a los inquilinos para que paguen el alquiler y no sean desahuciados y las relativas a las cuotas de los autónomos. ¿Legan tarde? ¿Las adecuadas? Son las previsibles y las demandadas porque eran de los grandes grupos de afectados que aún no habían recibido satisfacción a su principal demanda. También se dirá que llegan tarde o que son insuficientes.

Incompetencia, impericia, improvisación..Las críticas al Gobierno son muchas pero las medidas se van aplicando para mejorar el escudo social.