El actual modelo de financiación autonómica no funciona. En esta afirmación coinciden todas las comunidades autónomas e incluso el Gobierno de España. Aprobado en España en 2009 durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el sistema ha generado importantes desigualdades territoriales debido a la infrafinanciación que han sufrido las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha calcula que cada año la región ha dejado de recibir la friolera de 1.000 millones de euros. Es decir, 10.000 millones en la década que ha transcurrido y en la que hemos vivido la peor crisis económica.
Hablar de un modelo justo y redistributivo de financiación autonómica es la mejor forma de garantizar los servicios públicos esenciales puesto que la educación, la sanidad o los servicios sociales son competencias de las comunidades autónomas, que son las administraciones que gestionan buena parte de los pilares del Estado de Bienestar.
El pasado martes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su homólogo aragonés, Javier Lambán, mantuvieron una cumbre en la que acordaron hacer frente común de cara a la negociación tantos años pospuesta sobre cuáles deben ser los criterios del reparto del dinero procedente del Gobierno central.
Ambas comunidades autónomas, que sufren un grave problema de despoblamiento, quieren que el criterio de dispersión territorial prime más o module el de población. La razón es evidente:llevar los servicios básicos a pequeñas localidades cuesta más que implementarlos en los grandes núcleos de población. No hay que olvidar que el 58% del territorio de Castilla-La Mancha tiene una densidad de población por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.
Sin embargo, ambos saben que no es el mejor momento para calar el melón de la financiación autonómica. En primer lugar, por la inestabilidad política que vive España que ha desembocado en una nueva convocatoria de elecciones generales que tendrán lugar el próximo 10 de enero. Y en segundo lugar, porque el asunto catalán contamina toda la negociación. Cataluña forma parte de las autonomías del régimen general y un gobierno central débil que necesite del apoyo de los nacionalistas podría tener la tentación de negociar bilateralmente con Cataluña y conjuntamente con el resto de comunidades. Una circunstancia que ni Castilla-La Mancha, ni Aragón ni el resto de regiones pueden consentir.
Esta legislatura que concluye el lunes podría haber servido para establecer un pacto de los tres principales partidos constitucionalistas para resolver temas como la reforma de la Constitución, de la Ley electoral o de la financiación autonómica. Se ha desaprovechado una gran oportunidad. Veremos si hay otra.