7 de diciembre de 2007. Ese viernes se levantó haciendo todos los honores al invierno: gris y con frío. En el patio del cuartel de guardias jóvenes de Valdemoro, los compañeros y la familia de Fernando Trapero le daban el último adiós. Seis días antes, Fernando fue tiroteado a bocajarro y por la espalda en Capbreton, en Las Landas francesas. Participaba junto a su compañero Raúl Centeno en una operación de vigilancia antiterrorista en colaboración con la policía gala. Centeno, de 24 años, falleció en el acto al recibir dos disparos.  Trapero tenía 23 años y, cuatro días después del atentado, murió en el hospital de Bayona después de quedar en coma profundo.
En su asesinato confluyeron casualidades que resultaron determinantes. Raúl y Fernando habían parado a desayunar en una cafetería próxima a un centro comercial.  Allí coincidieron con tres miembros de ETA, que se encontraban en la esquina del establecimiento. Los terroristas sospecharon, siguieron a los jóvenes agentes hasta el vehículo y, cuando estaban en el interior del coche, les encañonaron tras comprobar que eran miembros de la Guardia Civil. Fernando mantuvo un hilo de vida y falleció después de que dos de sus asesinos fueran detenidos. Asier Bengoa, Saioa Sánchez Iturregi y Mikel Karrera Sarobe, alias Ata y autor de los disparos, fueron condenados por el asesinato.
En el patio del cuartel de Valdemoro estaban los Reyes y los entonces príncipes de Asturias, el presidente Zapatero y su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Allí se escuchó la marcha fúnebre de Chopin, La muerte no es el final y Adiós, polilla, el himno con el que se despide a los guardias jóvenes cuando abandonan el Colegio Duque de Ahumada: Polilla ayer fuiste, Guardia Civil hoy serás, orgullo de una raza muy difícil de igualar.
Ese mismo escenario de dolor ha sido el lugar elegido esta semana por Pedro Sánchez para escenificar su última performance sobre el final de ETA. El acto es una iniciativa del Memorial para las Víctimas del Terrorismo que dirige Florencio Domínguez, una de las personas que más sabe en España sobre la historia de ETA. Sin embargo, el evento cayó bajo el control de la factoría de marketing de Moncloa, que lo convirtió en un espectáculo más de propaganda. Por eso, es necesario ponerlo en el oportuno contexto. En el plano político, el PSOE de Sánchez no ha tenido reparos en recibir los apoyos de los Bildu para sacar adelante los presupuestos y otras tantas iniciativas parlamentarias. Ahora, toca lavar esa imagen con operaciones de cosmética barata. A esto hay que añadir su política penitenciaria de acercamiento de terroristas a cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad. Comenzaron el 13 de septiembre de 2018, cuando el Ministerio del Interior acercó a Marta Igarriz -ya en libertad- y a Kepa Arronategi, con una pena de 30 años por asesinato, de los que entonces había cumplido 21. Desde ese momento, 130 etarras se han beneficiado de una política mucho más laxa con los presos de ETA, a pesar de que medio centenar de ellos arrastran delitos de sangre y un largo historial de asesinatos, como el siniestro Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi.
Esto lo saben bien las víctimas del terrorismo que, aunque no tuvieron oportunidad de intervenir en el acto organizado por Moncloa, sí se hicieron escuchar. Según han contado desde la AVT, la presidenta de este colectivo, Maite Araluce, se dirigió donde estaban Pedro Sánchez y Grande-Marlaska y le dejó un mensaje muy claro: «esas armas que han sido destruidas, son las que empuñaban los terroristas que acerca cada viernes al País Vasco y Navarra, los mismos terroristas que se niegan a colaborar para esclarecer los atentados sin resolver. Con estas armas asesinaron a nuestros familiares y nos destrozaron la vida».