El próximo fin de semana las bases y militantes del PSOE y Podemos decidirán sobre el preacuerdo de gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Preacuerdo. Repetimos, preacuerdo. A los seguidores de los dos partidos cabe la responsabilidad de decidir nade menos que el futuro gobierno de España sin saber cuáles son los términos de ese preacuerdo más allá de la ambigüedad de los diez puntos que se han hecho públicos. Y sin conocer tampoco qué es lo que ha pactado y va a pactar Pedro Sánchez con los otros partidos que le apoyarán en su investidura, bien con el sí o bien con la abstención, como pretende Sánchez que hagan los regionalistas… y Esquerra Republicana de Cataluña.

No es un asunto menor el conocer todos y cada uno de los puntos de los acuerdos que se firmen. Es más, se trata de un asunto de la máxima relevancia, porque no sabe qué pedirá Esquerra aunque sí lo que piden los regionalistas, que es lo de siempre: infraestructuras: ferrocarril, aves, autovías, mejora de puertos y aeropuertos… Dejá vu. Aceptable. Mucho dinero, eso sí, que no verán las autonomías que no cuentan con un partido regional, pero sí aquellas que han sido bendecidas por dirigentes que crearon partidos para tratar de tú al gobierno nacional y sacar buenos réditos, cargos o dineros. Lo que hay que saber y no se sabe aunque se sospecha, es hasta dónde va a llegar la generosidad de Sánchez con ERC. Porque no es lo mismo ampliar un tramo de autovía que un indulto, construir más colegios que buscar la fórmula que permita celebrar un referéndum, prometer una línea de ave que prometer que no se van a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional si el Parlament aprovecha la mayoría independentista para aprobar lo que es inaprobable en un parlamento democrático.

La consulta a las bases que quiere hacer Pedro Sánchez tiene trampa. O mejor dicho: es una trampa. Cualquier militante socialista está dispuesto a responder sí a la pregunta que se le formula, si está de acuerdo con la formación de un gobierno progresista con Podemos. Lo que ocurre es que el gobierno progresista que pretende Sánchez va mucho más allá que un acuerdo con Podemos: obliga a acordar algo –no se sabe qué, pero no es difícil adivinarlo- con un partido que aboga por la secesión de Cataluña del resto de España, quiere el indulto para los condenados por el Tribunal Supremo y pretende que Puigdemont llegue a España de rositas. Pretende también que nadie meta mano en su sistema educativo-manipulador-represivo, quiere que el gobierno español financie todos los servicios sociales en Cataluña pero no controle los avances independentistas y quiere también que sus instituciones, incluida TV3, tengan mano libre para seguir desprestigiando a España y a sus instituciones.

Esa consulta a las bases, sin conocer previamente los acuerdos de Sánchez con Iglesias y con Junqueras, es una inmoralidad.