El Molt Honorable President, de la Generalitat catalana, Quim Torr, ha aprovechado su juicio por desobediencia en el que compareció ayer para volver la oración por pasiva y aparecer como un defensor de la legalidad  -catalana- adalid de las libertades y  víctima de una prevaricación de la Junta Electoral Central que le obligaba a tomar una decisión ilegal.

Ahora bien, desde el punto de vista legal, Quim Torra reconoció que había desobedecido a la Junta Electoral Central que fue quien le exigió que retirara las pancartas de apoyo a los líderes presos del procés, que todavía no habían sido juzgados, por considerar que se trataba de una orden ilegal porque la JEC estaba por debajo en el orden jerárquico de la presidencia de la Generalitat.

En efecto, Quim Torra desobedeció, aunque finalmente terminó aceptando la decisión de la JEC. Todas las excusas que ha puesto a continuación para justificar su actuación son las mismas que ha venido diciendo desde que fue elegido y que demuestran que no es el presidente de todos los catalanes sino de una parte que pretende mayoritaria sin serlo. Torra ha reconocido ante el juez que desobedeció y eso es lo importante.

El reo ha reconocido su falta aunque trate de minimizarla atacando al  tribunal que le juzga, poniendo en duda su imparcialidad, o recurriendo a subterfugios legales que no se corresponden con la realidad. Y que entran en el mantra de la justicia politizada, de los jueces contrarios al independentismo.

El proceso a Torra se ha producido con todas las garantías, separado de las elecciones para que no tuviera incidencia en ellas,  con todo el derecho de defensa y a los recursos pertinentes. El primer presidente de la Generlitat procesado, lo ha sido por su propia voluntad, por su deseo de desafiar la legalidad vigente en una nueva fase del enfrentamiento  secesionista, de las que contribuyen al cuanto peor mejor para sus interés. Y lo hace con las falacias de siempre.    

La petición del fiscal, que es el que acusa y no la JEC, es de 20 meses de inhabilitación que de confirmarse en sentencia firme dejaría fuera a Torra de la Generalitat y a Cataluña abocada a una nuevas elecciones autonómicas. Pero no debe preocuparse, porque si su declaración sobre que se trata de un acto nulo e ilegal, los jueces se lo reconocerán.

Pero si ha cometido un delito, como el mismo ha reconocido aunque no entre en su lógica independentista, el paso siguiente será su salida del palacio de la Generalitat, por su propio pie o escoltado por los mossos d’esquadra y la celebración de elecciones, previos disturbios de protesta organizados por los Comités de Defensa de la República, que son los chicos de la gasolina predilectos de Torra, de los que ‘aprietan cada vez que reciben las órdenes pertinentes.

Pero Torra es de la cuerda de Puigdemont, y ERC resultaría manifiestamente perjudicado en unas elecciones con estas premisas. No porque ERC resulte más posibilista, -es un lobo con piel de cordero, según Miquel Iceta que ha sido su víctima-, sino porque la presión les resultaría dañina.