El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el real decreto de la denominada nueva normalidad, que establecerá las normas por las que se regirá la vida de los españoles una vez concluido el estado de alarma y abierta la movilidad por todo el territorio nacional y la recuperación del ejercicio de todos los derechos que han estado limitados temporalmente desde el 14 de marzo.
El Gobierno se ha comprometido a que su contenido sea pactado con los presidentes autonómicos y consultado con todos los partidos. El deseo y la esperanza es que así sea, que la complicada fase en la que se entra y en la se comenzarán a ver las consecuencias sociales y económicas de la pandemia con toda su crudeza se aborde con un consenso que no se ha logrado hasta ahora. ¿Ocurrirá así? Para ello es necesario que el Gobierno cumpla su compromiso y aunque, como es lógico, lleve la iniciativa, tenga en cuenta la cogobernanza con las autoridades autonómicas, sus aportaciones, y se garantice su apoyo. Esa actuación tendría varios efectos positivos tanto para el conjunto de los ciudadanos como para el propio Ejecutivo. En primer lugar, porque el acuerdo con las autonomías es esencial y contribuirá a recuperar la confianza en su acción de gobierno; y después, porque si logra el apoyo de las comunidades autónomas, puede poner en un aprieto al principal partido de la oposición, si como ha ocurrido en el acuerdo de desescalada en la administración de justicia, los gobiernos autonómicos acuerdan pactos que, después, son criticados por los dirigentes de la calle Génova.
Frente a la nueva fase, sin embargo, es muy posible que se repitan los tic de la vieja política, que el llamamiento a la concordia que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el último pleno del Congreso no sea atendido –Pablo Casado dejó poco margen a la esperanza- y aunque se entra en una nueva fase parlamentaria más relajada por falta de materia legislativa, la tensión se reorientará a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que es donde todos los grupos parlamentarios deben esforzarse por estar a la altura de las circunstancias, para que sea un instrumento válido y no otro motivo de frustración de la ciudadanía, con unos políticos especializados en desperdiciar oportunidades para que sean reconocidos como verdaderos servidores públicos.
Los acuerdos alcanzados en algunas comunidades autónomas para la reconstrucción del desastre provocado por la COVID-19 sirven lo mismo para la esperanza como para el desasosiego. En Castilla y León y en Aragón, en el acuerdo están los dos principales partidos, PP y PSOE, pero los populares se han caído de los pactos en Canarias y Castilla-La Mancha; en Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso, está más por poner palos en las ruedas que por alcanzar un acuerdo, lo mismo que en Andalucía con la provocación de dejar a Vox la presidencia de la comisión.
Alemania vuelve a mostrar el camino por la capacidad para el acuerdo de sus dos principales partidos, a la sazón socios de gobierno, y para abandonar apriorismos para llegar a pactos de reconstrucción. Una voluntad que no se vislumbra en los partidos españoles porque unos esperan que la crisis y las viejas formas de la vieja política se lleve a la coalición de gobierno por delante, porque no creen que Sánchez pueda terminar la legislatura.