¿Sabrían decir cuánto tiempo llevamos hablando del cambio climático en nuestro país? No, no les quiero poner en un aprieto. Yo tampoco sabría decirlo. ¿Años? ¿Lustros? ¿Décadas? Coincidiremos en que es mucho tiempo el que llevamos tratando un tema que, por una razón u otra, no terminamos de abordar como es debido. Son tantas las cumbres del clima que se han celebrado -Tokio, París, Madrid...-, con distintos compromisos en cada una de ellas, que la credibilidad de los países en esta materia ha quedado muy por debajo de nuestros tobillos.
Pero parece que algo quiere cambiar en esta materia. Ayer el Congreso de los Diputados daba el visto bueno al proyecto de Ley de Cambio y Transición Energética, después de dos años de tramitación. Es la ley con la que España quiere obligarse a cumplir con esos compromisos adquiridos en la comunidad internacional para, si no revertir, que quizá sea tarde, al menos ralentizar y mitigar los efectos del cambio climático en nuestro planeta. Y nos conviene como país del sur de Europa, ya que seremos de los primeros en notar esos efectos a modo de subida de las temperaturas, escasez de recursos hídricos, desertización… Imagínense los que están un poco más abajo.
El caso es que esa ley pretende alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, para lo que 2030 debería ser ese punto de inflexión en este recorrido. Ese punto de no retorno en la emisión de gases de efecto invernadero y en la utilización de manera masiva de las energías renovables. Es decir, habernos desenganchado y quitado el mono de los combustibles fósiles. Que el 74 por ciento de la electricidad consumida proceda de fuentes renovables, y la apuesta por el uso del vehículo eléctrico vaya más allá del papel y salte -de verdad- a las calles. Es la primera ley de estas características en España, que llega con retraso y poca ambición como han recordado también asociaciones ecologistas. El diputado de Unidas Podemos se encargó de recordar el primer país europeo en aprobar una ley de cambio climático fue Reino Unido en 2008. De eso hace doce años.
Ahora bien, la ley, que se aprobó en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso este jueves, salió adelante con 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. Es que ni para esto hay consenso. Y lo que cabe pedir aquí ante este resultado es una cierta estabilidad en la norma. Que sufra los cambios necesarios pero sujetos únicamente al criterio ambiental, y no al político. Que ante un futuro cambio en el gobierno de la nación, el compromiso sea firme por parte de todos los partidos políticos. “La ley necesita estabilidad en el tiempo para evitar inseguridad” pronunció la diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez. Una estabilidad y una seguridad, comrpomiso al fin y al cabo, que van a necesitar también gobiernos autonómicos y empresas para adoptar las medidas necesarias en ese camino hacia la descarbonización en el que todos debemos dar los mismos pasos, juntos. ¿Seremos capaces?