Si hay un sector que haya sufrido más órdenes, rectificaciones, correcciones de normas y cambios de criterio durante el confinamiento, ese ha sido el de la Educación. La ministra Celáa dictaba una resolución sobre la vuelta a clase y era contestada inmediatamente por los consejeros autonómicos. Lo que obligaba a la consiguiente matización primero, y rectificación después, desde el Ministerio. Y mientras los responsables educativos se entretenían con las polémicas sobre cómo organizar el regreso a las aulas en septiembre, los alumnos de todas las etapas, desde infantil a bachillerato, incluida la EVAU, trataban junto a sus profesores de salvar un curso desde sus encierros.
Una vez más la diferencia de medios entre la enseñanza pública y la privada ha sometido a los estudiantes de la primera a mayor dificultad por la falta de medios, profesorado e informatización de los propios centros. Sometiendo a los otros perdedores de la crisis: los padres, que tenían que teletrabajar desde sus domicilios, a la doble tarea de currar y ser profesores al mismo tiempo. Muchos centros públicos, sin capacidad de ofrecer clases telemáticas, se limitaban a mandar tareas a través del móvil de los progenitores para que los alumnos los hicieran en casa. Casi resulta innecesario relatar en una columna las dificultades que han afrontado las familias y los niños. Por eso, resulta sorprendente que, recién terminado este curso escolar, y cuando no han desparecido ni el coronavirus ni la incertidumbre sobre el próximo, sigamos con el juego de marcar normas con vigencia para dos días.
Ahora se trata de una nueva guía con normas de seguridad e higiene que permite superar el listón de los veinte alumnos por clase (como pedían las autonomías) y que ya no obliga a llevar mascarillas hasta los 12 años. Se trata de hacer "burbujas" con cada clase y que no se relacionen con el resto del centro para tener controlados los posibles contagios.
Pero lo que realmente hace falta es inversión. Mascarillas, separación, roces, son conceptos que pueden quedar desbordados si un rebrote del virus en otoño hace imposible la vuelta al aula. Faltan profesores (según CCOO unos 165.000 más), faltan ordenadores, tabletas para los alumnos sin recursos. Medidas, al fin, que garanticen cualquier eventualidad para que la educación en España no se hunda más en los baremos del informe PISA, donde, para vergüenza nacional, ocupamos los puestos más bajos de la tabla.
Si a la incapacidad para llegar a un acuerdo para aprobar una nueva Ley de Educación, que logre el apoyo de todas las fuerzas políticas y que impida el continuo cambio de planes cada cuatro años, se suman los recortes de los Gobiernos del PP, el panorama de la educación pública en nuestro país no puede ser más desolador.
Pero ahora estamos distraídos con si un metro y medio de separación, mascarillas a los 10 o a los 11 años, para no ocuparse de lo fundamental que es: defender un sistema educativo al nivel de nuestros vecinos europeos. Porque están jugando con el futuro de las nuevas generaciones y con el futuro, incluso, del Estado.