Acierta el Gobierno al calificar de intolerable la violación de nuestras fronteras, pero se equivoca al no decir ni pío sobre la violación de lo que hay dentro de ellas, entre otras cosas nada menos que la soberanía nacional. O dicho de otro modo: la misma firmeza mostrada por el Ejecutivo al deplorar la actuación de Marruecos con su amago de Marcha Verde sobre Ceuta, debió exhibir desde el primer momento frente a la injerencia del gobierno del país vecino en nuestros asuntos internos. A menos que las autoridades de Rabat dicten la política exterior de nuestro país, el acogimiento sanitario en suelo español de Brahim Ghali o de quien sea no compete sino exclusivamente a las nuestras, así como la posición española respecto al Sáhara Occidental, que, por lo demás, coincide en todo con la tantas veces expresada de las Naciones Unidas. Y eso por no hablar del sentimiento mayoritario de afección al desterrado pueblo saharaui, sentimiento que también forma parte de nuestra inviolable soberanía nacional.

Que un perturbado malo y peligroso como Trump "regalara" a nuestro vecino del sur un territorio que no era suyo, ni de Marruecos, ni de España siquiera, sino de los saharauis despojados de él desde hace décadas, no faculta, desde luego, para imponer ese apalancamiento porque sí a la comunidad internacional, y menos de la manera tan rústica y antidiplomática que hemos visto, causando con ella un inmenso perjuicio no solo a las relaciones de buena vecindad entre los dos países, sino, principalmente, a las personas, a las víctimas de ese feudal acceso de ira, todos esos chicos y familias lanzadas al mar. Acierta el Gobierno de España al defender con firmeza la inviolabilidad de nuestras fronteras sin pretender, con ello, echar más leña a un fuego que no ha prendido él pese a la opinión contraria de una oposición de impreciso patriotismo. Pero no acierta tanto al soslayar ante el mundo el principio básico de la soberanía nacional, tan poco respetada por el reino marroquí, empezando por su borde embajadora en Madrid. A menos que nuestra política la dicte otro país, España debe defender sus fronteras, pero, más que nada, para defender lo que hay dentro, su soberanía, la democracia, el derecho, la libertad.