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Una asignatura pendiente

Agencias
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Un grupo de alumnos de Enfermería realizan prácticas. - Foto: Alberto Rodrigo

El nuevo Gobierno de Sánchez tiene como reto aplicar una solución a la cotización obligatoria de las prácticas académicas de los universitarios

El 29 de diciembre de 2018 entró en vigor, al menos en teoría tras su publicación en el BOE, la norma que convertía en obligatoria la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y de Formación Profesional. Una medida que provocó el inmediato rechazo de las universidades, que no fueron consultadas antes de su aprobación, y que un año después representa el gran reto del nuevo ministro de Universidades Manuel Castells para poder aplicarlas.
La cotización obligatoria de las prácticas externas quedó incluida en una disposición adicional del Real Decreto 28/2018 para la revalorización de las pensiones y otras medidas en materia social, laboral y de empleo. Un texto elaborado por el Ministerio de Trabajo que establecía un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) enseguida se apresuró a criticar la medida, sobre todo en su vertiente económica, y advirtió del «grave problema presupuestario difícilmente asumible» que suponía la medida en cuestión. Los rectores, aunque celebraban «el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que estas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social», se mostraron preocupados por sus efectos económicos, y reclamaron al Gobierno sentarse a negociar su aplicación, lo que significa una asignatura pendiente que deberá resolver Castells.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ejerció de mediador entre los rectores y el departamento de Trabajo, reuniéndoles a mediados de enero, en  un encuentro en el que se acordó que la cotización de las prácticas externas universitarias no fuese obligatoria antes del próximo curso 2019-2020.
Además, los representantes del Ejecutivo mostraron su intención de que las universidades no cargasen completamente con los gastos de la obligatoria cotización de las prácticas, que la CRUE estimó en 100 millones de euros anuales.
«Los centros académicos no lo pueden sufragar, es imposible. Si hubiera entrado ahora en vigor, hubiera colapsado toda la Universidad española», aseguraba en febrero el entonces presidente de la CRUE, Roberto Fernández.
«Ya expresé mi queja y la vuelvo a reiterar, y una medida de ese calibre, que uno se entere después de que se haya promulgado, no me parece de recibo», apostillaba Fernández, rector de Lérida.
La CEOE también criticó entonces al Gobierno de Pedro Sánchez por la «imposición» de la cotización obligatoria de las prácticas académicas sin «diálogo social», alertando del «incremento de costes para las empresas» que ponía en peligro estos contratos.

Choques en el ejecutivo 

La medida impulsada por el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio, que beneficiaba a 534.000 estudiantes españoles según el Gobierno, provocó alguna que otra fricción con el Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celaá, como quedó patente en una comparecencia en el Congreso el pasado febrero sobre este asunto solicitada por el Partido Popular. Allí, Celaá recomendó al PP que pidiera explicaciones a la ministra Valerio.
Aquel mes se produjo el adelanto electoral para abril, y tras las elecciones se prolongó una situación de bloqueo político que mantuvo al Gobierno en funciones durante meses, llegando así al inicio del curso académico 2019-2020 en el que debería empezar a ser obligatoria la cotización de las prácticas.
«Esta norma genera mucha incertidumbre en todas las administraciones y empresas que colaboran con la universidad, que nos piden el compromiso de que abonemos nosotros la cotización a la Seguridad Social en el caso de que llegue la aplicación de esta medida», afirmó el pasado verano el nuevo presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos.
El también rector de la Universidad de Córdoba vaticinaba entonces que la cotización se postergaría un curso más porque requería «desarrollar un reglamento» que la situación de interinidad del Gobierno impedía hacerlo en la fecha propuesta. «Está todo parado», precisaba. Una situación que todavía persiste, un año después de la aprobación de la medida, que sigue sin aplicarse en España.