Respetar al Supremo

Pilar Gómez
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La separación de poderes y el respeto recíproco entre ellos es base fundamental en un Estado democrático. El Gobierno de Pedro Sánchez hace abstracción de esa premisa constitucional y no duda en lanzar continuos mensajes, en forma de instrucciones, al estamento judicial. Carmen Calvo, la ‘número dos’ del Ejecutivo, no ha tenido empacho alguno en recordarle al Tribunal Supremo que las sentencias hay que acatarlas y que cumplirlas. Un comentario fuera de lugar, una injerencia reprochable, un consejo que sobrepasa los usos democráticos, una muestra más del empeño de La Moncloa en agradar a ERC, su apoyo imprescindible para alcanzar la investidura.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras resulta diáfana y muy clara cuando afirma  que es a la Justicia española a quien le corresponde en definitiva, dilucidar sobre el futuro penal del líder de ERC. Los independentistas le exigen a Sánchez que la Abogacía del Estado facilite la puesta en libertad de su preso encarcelado en cumplimiento de una sentencia firme. Es decir, exigen que presione al Supremo en una dirección que, indudablemente, no se corresponde con lo que explicita la Corte de Luxemburgo.
Carmen Calvo debería haberse ahorrado ese comentario y debería, como es norma fundamental en un Estado democrático, haber avalado la labor de la Justicia y haber reforzado verbalmente su independencia. No ha sido así. Ha optado por una vía muy peligrosa en un marco democrático, cual es la injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial,  y que pone en cuarentena el escrupuloso respeto a la Constitución al que se deben los miembros del Gobierno. La vicepresidenta debería recoger velas y excusarse por sus excesos verbales ante el Supremo. Lamentablemente, en la fase de descomposición política que se vive en nuestro país, alejada de cualquier respeto a la ética democrática, tal iniciativa nunca la veremos.  

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