"El Gobierno de Sánchez está agotando la herencia del PP"

Redacción
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"El Gobierno de Sánchez está agotando la herencia del PP"

El senado del PP Carlos Algaba asegura que pedirá al Gobierno que rectifique la declaración de intenciones de la ministra de Hacienda acerca de suprimir la deducción por las aportaciones voluntarias a los colegios concertados

El senador del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Carlos Algaba, ha lamentado hoy que el Gobierno de Sánchez y la política económica que ha  llevado estos ocho meses -basada en incrementar el gasto, subir impuestos y ahuyentar la inversión- está agotando la herencia y la inercia positiva de las recetas económicas del Partido Popular. Algaba, que ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto con Pedro Jareño, ha informado que el Grupo Popular en el Senado presentará en el pleno de esta semana una interpelación para que el Gobierno socialista dé cuenta de los últimos datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social ya que, según ha denunciado, “los datos de enero son las peores cifras de paro y ocupación desde el inicio de la recuperación económica y del empleo y, lamentablemente, confirman la desaceleración”.

De este modo, el senador por Cuenca ha indicado que, aunque el mes de enero no es bueno para el empleo, se ha registrado el peor dato de los últimos cinco años, con 83.464 desempleados más. Además, la afiliación a la Seguridad Social ha bajado en 204.865, el peor registro desde 2013.

“Totalmente todo lo contario a la política del PP, que dejó un legado ejemplar e indiscutible: 2.800.000 parados menos; 2.300.000 personas ocupadas más; un millón de mujeres dejaron las listas del paro; y 458.000 jóvenes menores de 25 años encontraron un trabajo”, explicaba el popular.

Carlos Algaba también ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular pedirá al Gobierno de Sánchez que explique las medidas que está tomando en contra de la escuela concertada y rectifique la declaración de intenciones de la ministra de Hacienda, acerca de suprimir la deducción por las aportaciones voluntarias a los centros concertados. “Siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley de Mecenazgo -voluntariedad y ninguna contraprestación- esas aportaciones pueden desgravarse en la declaración de la renta, tal y como lo ha interpretado el Ministerio de Hacienda en los últimos 16 años”, explicaba el senador.

Por ello, ha lamentado que ahora el Gobierno socialista quiera cambiar de criterio, creando inseguridad jurídica e incertidumbre a los padres que tienen a sus hijos escolarizados en centros concertados. “Este cambio de criterio muestra el afán recaudatorio del Ejecutivo y penaliza, una vez más, a las clases medias”, advertía.

El PP también exigirá al Gobierno de Sánchez que no acepte el catálogo de transferencias propuesto por el Gobierno Vasco. “No pueden ceder competencias que son exclusivas del Estado y tiene la obligación de ejercer esas competencias. Por ello, desde el PP pedimos al Gobierno que no continúe con la negociación de transferencia de competencias y trabaje en la solidaridad territorial”, incidía Algaba.

Y es que, a su juicio, “España necesita un Gobierno que defienda la cohesión territorial, con los mismos derechos y obligaciones para todos los españoles independientemente del lugar en donde vivan, y no un Gobierno que sólo asuma las reivindicaciones nacionalistas, como hemos visto  estos últimos meses con el Gobierno de Sánchez, que está permitiendo un trato preferente a los políticos presos por rebelión y decisión en Cataluña en la prisión de Lledoners, y no queremos que ocurra lo mismo en las cárceles vascas”.

Por su parte, Jareño ha informado que el PP pedirá al Gobierno de Sánchez que retire el impuesto a los servicios  digitales, hasta que se tramite una norma en el marco de la UE. “De la forma que lo plantea, esto traerá dos consecuencias claras: nuestras empresas aumentarán su situación de desventaja competitiva y se destruirá empleo”.

“Es una medida antieconómica, porque tendrá un impacto negativo en el crecimiento de las empresas y en el empleo; cortoplacista, porque el único objetivo es incrementar de manera inmediata los ingresos del Estado sin tener en cuenta los efectos en el sector; y perturbadora, porque perjudica a las empresas radicadas en España frente a las que no tienen su residencia en nuestro país”, concluía Jareño.