Según datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, 1.116 castellano manchegos fallecieron mientras se encontraban en las listas de espera de la dependencia durante los seis primeros meses del año. De estos, 652 perdieron la vida siendo dependientes con su derecho ya reconocido (pero sin cobrar o recibir el servicio) y los otros 464 quedaron pendientes de valorar. A nivel nacional, fueron 118.257 las personas que murieron en situación de dependencia, lo que supone 28.410 más que en el mismo periodo de 2019 y casi la mitad del total que vivía en residencias.
Ante estos datos, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el escudo social no protege a los dependientes y critica que el Ministerio no haya incrementado la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia «ni en un solo euro». «Se está abandonando sin atenciones a los 392.526 españoles dependientes que están a la espera de un procedimiento».
Si se analizan las cifras de este estudio ministerial en los tres meses del confinamiento, entre marzo y mayo de 2020, se podría concluir que la mortalidad observada en personas dependientes por territorios tiene una «enorme» variabilidad, según se advierte desde esta organización.
Castilla La Mancha es, además, una de las regiones en las que se registró un mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias, ya que fallecieron 3.060 personas más de lo esperado, lo que supone un 174%, mientras que en Murcia, el exceso de fallecidos fue de 150 personas, es decir, un 16%.
La asociación destaca también que Castilla La Mancha registró una de las tasas más altas del país de personas dependientes fallecidas en residencias. Si a nivel nacional el porcentaje fue del 12,3% en Castilla La Mancha alcanzó el 17%, situándose sólo por detrás de Madrid que registró un 22%. En el lado contrario, las menores tasas de dependientes con prestación en residencia fallecidas se recogieron en La Rioja (4,3%), Canarias (5%) y Andalucía (7%).
Por todo ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se pide a las instituciones que adopten medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.
Insisten en que el Gobierno debe incrementar la financiación de la Dependencia sin esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y exigen que se modifique la ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones y que se incrementen las intensidades.
Respuesta de la junta. Al respecto, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, matiza lo resultados de este informe. Y es que, «si bien estos datos son siempre negativos, somos la tercera comunidad con menos fallecidos dentro del sistema de la dependencia». Además, «el porcentaje de personas valoradas en muy superior a comunidades autónomas muy similares», insiste.
Ademas, asegura que la declaración del Estado de Alarma ha impedido en muchos casos se ejecutarán medidas ya valoradas. Esta es, a su juicio, la razón por la que muchos dependientes no han llegado a entrar en el sistema, quedándose en el llamado ‘limbo de la dependencia’.