COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Los ciudadanos por un lado y los políticos por otro

Una nueva muestra de que los intereses de los ciudadanos no se corresponden con los asuntos que los partidos consideran que deben primar en la agenda política se acaba de producir en el País Vasco. Según el Sociómetro del Gobierno Vasco correspondiente al mes de octubre, solo un 20% de los vascos está a favor de la independencia, mientras que el 34% está en contra, y un 31% más posibilista o más pendiente de sus intereses estaría de acuerdo o no con la independencia de Euskadi “según las circunstancias”. Un 15% no se ha manifestado al respecto.

Según esos datos los partidarios de la independencia bajan un 3% y se encuentra en el nivel más bajo registrado, que en los momentos de mayor efervescencia independentista alcanzaron el 30%. Los partidarios de que la Comunidad Autónoma Vasca siga formando parte de España se mantienen en unos límites muy similares, pero siempre por encima de los partidarios de caminar solos. Por tanto, si se celebrara un improbable referéndum de autodeterminación es altamente probable que los independentistas perdieran su apuesta y su oportunidad.

Sin embargo, el Parlamento Vasco se encuentra inmerso en el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de Gernica en el que el debate sobre el derecho a decidir, que en traducción directa es un referéndum de autodeterminación, es defendido tanto por el Partido Nacionalista Vasco como por EH Bildu ý visto con simpatía por la tercera fuerza política vasca –Elkarrekin Podemos- mientras que PSE y PP defienden posiciones autonomistas. La situación del País Vasco ya la quisieran para sí los independentistas catalanes dado que una mayoría social -58% de los votos- reflejada en la mayoría absoluta del Parlamento Vasco -46 escaños- estaría en posiciones independentistas.

Pero no solo de independencia viven los pueblos y los partidos nacionalistas. En el caso del PNV, con el fracaso del plan Ibarretxe a cuestas, el lehendakari, Íñigo Urkullu, se ha esforzado por llevar serenidad al debate político vasco y aumentar las cotas de bienestar de sus ciudadanos, mientras que sus propuestas políticas van en la dirección de aumentar el autogobierno sin romper las posturas constitucionales. Para eso se ha cuidado mucho de no ligar sus reivindicaciones y su proyecto al del independentismo catalán, como le han pedido desde EH Bildu y los sectores más irredentos de su partido, sin dejar por ello de exigir el cumplimiento de los compromisos recogidos en el Estatuto de Gernika y sacar buenos réditos a su apoyo a la gobernación de España, aunque a veces sus portavoces en el Congreso pidan imposibles como el traspaso de la Seguridad Social.  

Cuestión distinta es como se reflejan los desiderátum independentistas en los textos legales, la validez jurídica que tienen y el destino que puedan correr cuando pasan por la carpintería del Congreso y del Tribunal Constitucional donde se exponen a ser cepillados.

A los ciudadanos vascos no les va mal en las circunstancias actuales y por eso el debate identitario ha pasado a segundo plano, una vez superados los años de plomo, con flecos pendientes sobre el reconocimiento de las víctimas. Pero los partidos nacionalistas no se resignan a no dirigir un Estado propio.