La Junta defiende el decreto de gasolineras

E.P.
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Ante las críticas de sindicatos, discapacitados y consumidores, el director general de la Agenda 2030, Ramón Lara, sostiene que la norma regional se fundamenta en directivas de la Unión Europea

Repostaje de carburantes en la gasolinera - Foto: Eugenio Gutierrez Martinez. Eugenio Gutiérrez

El director general de Agenda 2030 y Consumo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ramón Lara, ha defendido el decreto que regula los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos después de que CCOO, UGT, Cermi y Facua lo hayan tachado de "chapucero", precisando que se atiene a una normativa europea y apuntando que esta nueva normativa nacía "del diálogo y del consenso".

En declaraciones a Europa Press, Lara ha reparado en que incluso la Comisión Europea mandó un último aviso en el mes de octubre advirtiendo de la necesidad de adaptar la normativa antes del 15 de enero.

Sindicatos, Cermi y Facua han acentuado sus críticas por avalar la existencia de gasolineras desatendidas, toda vez que en los últimos cinco años la región ha pasado de tener 584 estaciones de servicio a 916, mientras que este sector, desde el referido 2014, solo ha sumado 12 empleados a los 2.600 personas que registraba en dicho año.

Entienden estas organizaciones que con esta norma se apuesta por liberalizar un servicio específico que además de comportar un riesgo para la seguridad, "favorece la despoblación, la destrucción de empleo y abre un boquete en los derechos de los consumidores", afirmaciones ante las que Lara recuerda que la apuesta de la Junta es "garantizar indistintamente del tipo de gasolinera las mismas condiciones para todos los consumidores" en temas como la accesibilidad, el agua, o el acceso a aseos. La "cuestión fundamental" es "garantizar la libertad de elección del consumidor", ha dicho.

Además, ha apuntado que a la entrada en vigor de este decreto, prevista para el mes de marzo, se establece un "tiempo prudencial de 18 meses" para que las estaciones de servicio se adapten y tengan surtidores adaptados para personas con algún tipo de discapacidad.

"Hemos hecho un decreto garantista con los derechos de las personas consumidoras", ha dicho Lara, que ha añadido que además se trata del primer decreto al amparo de la Ley del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha.

Lara, que ha mostrado "sorpresa" por el hecho de que el Cermi se sume a estas críticas, ha dicho sobre la organización que no deja de ser "un aliado del Gobierno en la lucha por la eliminación de barreras".