Si Castilla-La Mancha, históricamente, es una de las regiones con menores salarios en el conjunto de España, al menos le puede quedar el consuelo que es el territorio donde los jubilados sufren una menor merma en su pensión respecto a su salario anterior. Este curioso dato se refleja en el informe ‘La situación demográfica en España: Efectos y consecuencias’ elaborado recientemente por el Defensor del Pueblo. Este estudio, junto a otros  elaborados en los últimos dos años, ha sido presentado por el responsable de la institución, Francisco Fernández Marugán, en una comparecencia que a modo de balance de actividad efectuó este mes ante la Comisión Mixta Congreso-Senado que supervisa a la entidad.

En el informe, se recuerda que la relación entre la pensión recién causada tras jubilarse y el salario previo, la denominada tasa de sustitución, en 2017 fue para el conjunto de España del 67,2  por ciento. Pero este porcentaje registra fuertes variaciones entre regiones,  al moverse entre el 61,2  por ciento en Castilla y León, la mayor diferencia salario-pensión en España, al 78,4  por ciento en Castilla-La Mancha, la menor. Siguen al porcentaje de la autonomía manchega el 74,4  por ciento en Cantabria, 71,8  por ciento en el País Vasco y el 66,2  por ciento en Madrid.

clm, en la media en vejez y ratio afiliados-pensiones. Otro aspecto relevante de este informe del Defensor del Pueblo en relación a la región es que Castilla-La Mancha se sitúa cerca de la media española tanto en envejecimiento de su población como en la  ratio de afiliados a la Seguridad Social por pensionista sostenido con estas cotizaciones.

Así, la región prácticamente coincide con el conjunto de España en los 1,9 afiliados por pensión. Y se acerca también al 19 por ciento de población que supera los 65 años, la llamada tasa de envejecimiento, como en el conjunto del país.

En ratio afiliados-pensionista, la región del país con mejor dato es Madrid, con 2,6 cotizantes por cada jubilado, mientras la peor posicionada es Asturias, con apenas 1,2 cotizantes por pensionista.

En cuanto a la tasa de envejecimiento, el peor dato una vez más corresponde a Asturias, que tiene más del 25 por ciento de su población con más de 65 años. Por contra, el territorio español más joven es el de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con una tasa de envejecimiento de no llega al 11 por ciento.

Otro detalle relevante de la evolución de las pensiones en Castilla-La Mancha respecto a las demás autonomías es que en esta región la media de tiempo cotizado  para una pensión se sitúa por encima de los 35 años, un poco por encima de los 34 años de la media española. El territorio donde se da un mayor periodo medio de cotización es Cantabria, con 37 años y medio, mientras el menor corresponde a Canarias, 29 años y medio.

En cuanto a la edad media jubilación, en Castilla-La Mancha se sitúa en torno a los 62 años, algo mayor que los 62 años y cuatro meses de media española. Canarias vuelve a aparecer como el territorio con una media de edad de jubilación más temprana, los 61 años, mientras Baleares y las plazas de Ceuta y Melilla registran la mayor, 63 años y cuatro meses.

Más esperanza de vida, mayor edad de jubilación. En cuanto a la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, el informe del Defensor del Pueblo se pregunta si el alargamiento de la esperanza de vida, plantea un grave problema a las futuras pensiones. Y responde a la cuestión de una manera provocadora: «la respuesta sería no y sí».

El informe señala que,  teóricamente,  bastaría  para  solucionar  este asunto  con  alargar  la edad laboral al mismo ritmo que crece la esperanza de vida para que ese efecto quedara eliminado, suponiendo que con la edad no hay un decrecimiento de la productividad. «Ahora bien, es preciso matizar que sin bien es cierto que la mejora de la salud y de  la  medicina  ayudan  a  que  se  mantengan  las  condiciones  físicas  y  mentales  y  la motivación  para  el  desempeño  laboral  en  edades  más  elevadas  que  en  el  pasado, también  lo  es  que  esas  capacidades  necesarias  para  el  trabajo  con  la  vejez  se van reduciendo progresiva e ineludiblemente», se reconoce.

Aún así, el informe apuesta por  el alza progresiva de la edad de jubilación, acompasada con el aumento de la esperanza de vida, con afirmaciones como esta.  «Si  se  capitalizara  todo  lo  aportado  a  la  Seguridad  Social  para pensiones  por  un  trabajador  y  su  empresa y  ese  trabajador  se  jubilase  a  los  65  años, este  capital  serviría  para  pagar,  aproximadamente,  16  años  de  su  pensión.  Pero  la esperanza   media   de   vida   de   ese   trabajador   en   el   momento   de   jubilarse   es, aproximadamente, de veinte años».

Junto al retardo de la edad de jubilación, el informe del Defensor también ve conveniente asegurar que los trabajadores coticen el máximo de años posible antes de pasar al sistema público de pensiones. «Al  ser  el  Sistema  de  Seguridad  Social  un  sistema  contributivo,  como  es  lógico, existe  una  correlación  positiva  entre  los  años  cotizados  y  la  edad  de  jubilación», se señala.

El estudio señala la existencia de más posibilidades para lograr la sostenibilidad de las pensiones públicas en España, como que el Presupuesto del Estado asuma los costes de personal de la Seguridad Social, evitando que este coste merme la caja de las pensiones, tal y como ocurre habitualmente en el resto de países de la Unión Europea.

Aún así, el informe del Defensor del Pueblo concluye que una reforma del sistema de pensiones debe contar con un amplio consenso político y social en los órganos previstos para ellos, como la Comisión del Pacto de Toledo.