Las Cortes de Castilla-La Mancha afrontaron ayer de cara el problema de despoblación y despoblamiento que padece la comunidad autónoma. Dos problemas «estructurales», pero que se pueden «suavizar» si se aplican las medidas correctas. Estas pasarían por potenciar los modelos de cabeceras comarcales, a fin de que todos los castellano-manchegos puedan acceder a los servicios básicos en media hora, apostar por el enfoque de los grupos de acción local y su metodología de trabajo «de abajo a arriba», o crear «un festival o un día del orgullo rural», a fin de reivindicar «lo bien que se vive en los pueblos».

Así lo indicó el profesor de Geografía Humana y director del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ángel Raúl Ruiz, que este martes compareció en la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha. Esta comisión fue creada en julio de 2019 y pretende alumbrar respuestas administrativas al reto demográfico, con especial atención a lo que sucede en el medio rural.

Ruiz, que inició su intervención diferenciando entre despoblación, que es la pérdida efectiva de habitantes, del despoblamiento, pérdida física de un enclave, admitió que se trata de un fenómeno «muy complejo» y de un problema demográfico, pues en él intervienen también «el envejecimiento, la masculinidad rural y la falta de nacimientos». De ahí que haya reclamado que la demografía forme parte de la agenda política de «forma activa».

En opinión de Ruiz, el problema de despoblamiento en Castilla-La Mancha «es estructural» y "no tiene solución, ya que somos una región dispersa», pero se pueden implementar medidas y actuaciones que «suavicen» el problema. 

En la Comisión también compareció Francisco Ruiz González, catedrático del Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información de la Universidad de Castilla-La Mancha, que celebró la recuperación «relevante» del saldo migratorio en la región. «A nivel de comunidad autónoma -explicó- llevamos dos años con saldo migratorio positivo. Ya por provincias, Cuenca y Ciudad Real siguen en negativo, Albacete está equilibrada y Toledo y Guadalajara el saldo migratorio es favorable». En ello, añadió, repercute la proximidad de ambas provincias con la Comunidad de Madrid. 

la Ley de Desarrollo Rural estará operativa en 2021. También compareció ante los parlamentarios el comisionado para el reto demográfico de la Junta, Jesús Alique, que avanzó que el Gobierno regional está trabajando ya en la elaboración de la futura ley de Desarrollo Rural, Territorial y Contra el Despoblamiento, con la que se pretende garantizar la prestación de los servicios básicos y oportunidades en el medio rural, y confió en que pueda estar operativa en 2021.

Una norma cuya redacción ya ha comenzado, una vez que ha finalizado el periodo de consulta pública, y que, como explicó Alique, se centra en tres objetivos: garantizar los servicios básicos de calidad y el adecuado acceso a los mismos, generar actividad económica que dé empleo y mejorar la dotación de infraestructuras, especialmente relacionadas con la movilidad.

El comisionado para el reto demográfico destacó que la digitalización es «la gran oportunidad para innovar en el ámbito rural», por lo que abogó por garantizar la conexión universal a internet, así como por poner en marcha medidas de simplificación administrativas y mecanismos de discriminación positiva y de carácter fiscal.

Alique señaló también que «en las próximas semanas» se va a proceder a la firma del Pacto contra la despoblación con los agentes económicos y sociales, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha y los grupos acción local, que tiene el fin de avanzar hacia una estrategia regional para frenar pérdida de población en la comunidad autónoma.

Por parte de los grupos parlamentarios participaron en la Comisión la portavoz de Cs, Carmen Picazo, el diputado del Partido Popular, Benjamín Prieto, y los parlamentarios socialistas Francisco Pérez Torrecilla y Fernando Mora.

Todos coincidieron en lo provechosas que fueron las sugerencias y aportaciones de estos primeros cuatro expertos que comparecieron en las Cortes autonómicas, aunque Picazo puso en duda si el Gobierno regional tendrá en cuenta las conclusiones que finalmente se extraigan de la comisión, dado que el Ejecutivo ha implementado una agenda propia para atajar este problema.