El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, celebró la aprobación por unanimidad de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que recoge el testigo de la anterior de 2007 y coloca a la región a la «vanguardia» en esta materia. La norma llegaba a su debate en Pleno con dos enmiendas vivas del Partido Popular, aunque fueron retiradas.
La nueva norma cumple dos objetivos, por un lado materializa «el compromiso del presidente autonómico Emiliano García-Page con el desarrollo sostenible y complementa la creación de riqueza con la protección del medio ambiente», explicó el consejero.
Se trata, además, de una ley «consensuada» con las organizaciones ambientales, agrarias y sindicatos, entre otras, trabajada durante dos años y medios y, por ello, «necesita la aprobación de estas Cortes», señaló Escudero.
Con ella se agilizarán los trámites burocráticos, explicó el responsable regional, y «estaremos acorde a la normativa estatal y comunitaria que ha cambiado»; además de «exigir medidas para minimizar y corregir» posibles daños al medio ambiente por parte de cualquier actividad o proyecto económico que quiera implantarse en la comunidad autónoma.
En este sentido, aclaró que una vez la ley entre en vigor afectará a cualquier sector económico, pues todos están sometidos a controles de evaluación ambiental antes de arrancar el proyecto o la actividad económica que quieran poner en marcha.
NO ES EL BÁLSAMO DE FIERABRÁS. El Grupo Parlamentario Ciudadanos también celebró que la Ley saliera adelante, pero insistió en que «no es el bálsamo de Fierabrás» para proteger el medio ambiente. Y es que, como aclaró Alejandro Ruiz, esta norma solo es una «transposición de un mandato nacional de 2012 y que debería haberse concluido en 2014». Pero, añadió Ruiz, «como en Castilla-La Mancha somos así, ahora nos ponemos la medalla, pero vamos con retraso».
Además, lamentó que en la nueva ley no se incluyan ciertas «especialidades» que han producido y producen graves problemas al medio ambiente en Castilla-La Mancha como son el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), los vertidos radioactivos, los incendios de Chiloeches o Seseña, los acuíferos o la minería que afecta a varias comarcas de Ciudad Real».
El defensor del dictamen aprobado en la Comisión de Desarrollo Sostenible, el socialista Francisco Pérez Torrecilla, reconoció que estamos ante una ley «muy necesaria» para la región y que ha contado con una «muy amplia participación ciudadana». Este alto nivel de consenso, sostuvo, «se merece la unanimidad de estas Cortes».
«no se tire usted aquí el pisto». Un consenso parlamentario que también festejó el portavoz ‘popular’, Juan Antonio Moreno Moya, que criticó, no obstante, que el diputado de Cs echará en cara a su bancada no haber llegado a ese consenso en la Comisión donde se debatieron las enmiendas parciales al proyecto de ley. «Ciudadanos no realizó ninguna enmienda, así que no se tire usted aquí al pisto porque no ha hecho nada», dijo Moreno Moya al diputado Ruiz.