La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Castilla-La Mancha recurrirá el Decreto Ley anunciado por el gobierno de Castilla-La Mancha que establece una moratoria para la instalación de macrogranjas en el territorio castellano-manchego. Así lo confirma el secretario general de Asaja Cuenca, Manuel Torrero, quien recuerda que hace un año se remitió una carta al Ejecutivo regional «diciéndole que teníamos que buscar una línea de trabajo en la que pudiésemos definir qué tipo de modelo de producción quiere la región, compatible con las necesidades productivas y con los conflictos sociales de los municipios», en explotaciones de porcino, gallinas, pollos, o incluso en las ganaderías intensivas de leche de oveja. No obstante, afirma Torrero no haberse sentado para hablar del problema que «tienen hoy las familias de granjeros que viven de su producción, que no son delincuentes, y por otro lado concordar intereses de los municipios con los granjeros».
Torrero cree que si hubiese intención de negociar, «la moratoria no sería indefinida. Sospechamos que dejarán que esto se enquiste y ya veremos los argumentos jurídicos y técnicos que establece esa moratoria», puesto que «acudiremos a instancias judiciales, a nivel regional, nacional y europeo, para parar esas iniciativas que solo tienen una justificación: poner en el punto de mira al sector ganadero de la región».
Estrategia. El secretario general apunta que en los últimos años «se nos ha prometido un futuro de desarrollo ligado a figuras de protección que nunca van a llegar. Siempre prometen que hay que buscar alternativas, que es una oportunidad, y no la habido cuando se habla de estas cosas». De hecho, asegura estar sorprendido con un «procedimiento que coincide con la estrategia que desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se viene manteniendo en la región. La Consejería es el brazo ejecutor de todas estas políticas ambientales que se quieren instaurar en el sector agrario».
Asimismo, Asaja cree que la moratoria tiene un sentido electoralista puesto que, al final, «el Gobierno ha decidido situarse en un lado de los que en este tiempo venían acosando al sector agrario y ganadero, en vez de buscar soluciones». La preocupación, añade, «es ahora máxima. Se han puesto en el punto de mira granjas de explotaciones de pollos o de gallinas, y esto es el inicio de todas estas nuevas políticas medioambientales y de limitaciones que quieren imponer».
Plataformas. La asociación Pueblos Vivos de Cuenca acoge de buen grado la resolución del Gobierno regional, pero «nos damos por aludidos y pensamos que querrá hablar con las plataformas», indica la presidenta del colectivo, Remedios Bobillo, que solicita reunirse con García-Page «para trasladarle qué problemas vemos con las macrogranjas, qué cosas no se están haciendo bien, o los efectos que tienen sobre el campo, los municipios y las personas».
Bobillo menciona que en la actualidad hay 30 solicitudes de macrogranjas en marcha «y no sabemos cuántas más se solicitarán hasta que se aplique la moratoria. No sabemos cuántas se estarían demandando y si en estos días se acelerarán». Además, cree que la decisión del Ejecutivo regional no solo atiende a cuestiones electoralistas sino que se añade que «Bruselas ya nos ha dado toques sobre la contaminación y el vertido de nitratos», y avanza que este jueves darán a conocer su línea de trabajo en una rueda de prensa que reunirá en Albacete a varias plataformas.
Llanos Ortiz, portavoz de la Plataforma STOP Macrogranja de Gallinas, proyecto que continúa suscitando discrepancias en la comarca de La Mancha –su ubicación se sitúa dentro del término de San Clemente–, valora positivamente el cambio de actitud de la Junta de Comunidades y el anuncio de moratoria del presidente regional del pasado viernes, aunque dice ser «cautelosa» y considera necesario «leer la letra pequeña que pueda haber tras lo comunicado; espero que este anuncio no sea sin más una táctica en busca de votos, parte de la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones que se avecinan».
Ortiz señalaba que esta moratoria hace referencia a la tramitación de nuevos proyectos, «ya que se ha anunciado que no admitirán solicitudes, ni concederán autorizaciones ambientales, pero no se aclara que pasará con aquellas que están en trámites». En su opinión no es suficiente una moratoria sólo para las nuevas autorizaciones de explotaciones de ganadería intensivas en la región. «Es necesario que se defina, regule y ejecute un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva con regulaciones detalladas y rigurosas acordes a la escala de las explotaciones».