Conviene recordar. En 1985, dos antiguos abogados muy amigos, Gregorio Peces Barba y Juan María Bandrés, defensores ambos de etarras en el Proceso de Burgos, se aliaron, en principio sin el conocimiento del partido del primero, para barrenar el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y transformar esta institución en un mero trasunto de la mayoría social y política del Parlamento. Aquel bodrio fue bautizado como la «enmienda Bandrés» y salió adelante no sin que antes, el entonces vicepresidente para todo, Alfonso Guerra, sentenciara el cambio con esta frase que, estoy seguro, hoy le debe avergonzar: «Montesquieu -proclamó- ha muerto». ¡Si lo sabría él!, fue uno de los asesinos. Aquella revolución socialista recibió mil aplausos del felipismo imperante hasta con alharacas pueblerinas, nunca mejor dicho, por parte de Leopoldo Torres, un vicepresidente del Congreso, miembro del PSOE, que llegó a declarar: «Todo viene del pueblo, t’o pal pueblo». Como suena. También entonces un expresidente del Consejo del Poder Judicial, a la sazón número dos del Tribunal Constitucional, Ángel Escudero del Corral, advirtió: «La Justicia ha dejado de ser independiente».
El Gobierno del PSOE, brutal mayoría absoluta, se frotó las manos. En la Fiscalía General tenía a un pobre hombre, Burón Barba, y en el Consejo se aseguró pleno dominio per saecula. Transcurrió el tiempo, por dos veces ganó el Partido Popular sin rival en las Cortes, y, en ambas ocasiones, su compromiso electoral de derrumbar la «Enmienda Peces-Bandrés», fue desatendido. En el corto tiempo en el que el bienintencionado Ángel Acebes fue ministro de Justicia intentó ajustar la promesa de su partido con un nuevo cambio que devolvía el modo de elección a sus orígenes, o sea, a lo dictaminado en el punto 3 del Artículo 122 de la Constitución, que rezaba (y reza) así: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales».
Acebes ensayó la jugada pero no remató a gol. ¿Quién lo impidió? Fácil: la estúpida y pueril manía y obsesión del centro derecha español de contar con la complicidad de la izquierda a sus promesas.
El partido socialista no entró en el área en la única ocasión -repito- en que se produjo un intento de reconducir un método que, en su estructura reformada, la que a día de hoy aún continúa vigente, se ha revelado como el gran arma del poder político para ciscarse en el judicial cada vez que le viene en gana.
Ahora, el presidente del Ejecutivo, con el auxilio de los leninistas que le acompañan en el Gobierno más infumable de toda Europa, ingenia trampas sin fin para que el PP, acompañante imprescindible, se avenga a renovar el Consejo. Y, aviso: el PP está a punto de caer en el cebo. El mentiroso presidente del Gobierno intenta convencer a Casado de que acepte la recomposición del Consejo (tantos para mí, tantos para tí) a cambio de una vaporosa oferta de modificación de la Ley cuando la recompuesta institución eche a andar. Si Casado asume este infame trueque, será engañado como el marido tontaina que nunca se entera de nada. Porque vamos a ver: ¿quién puede fiarse de la generosa señal que le depara un Sánchez que resulta ser el campeón mundial de las mentiras y de los compromisos fallidos? ¿Estamos tontos o qué? Si el PP -es de esperar que no sea así- se confía a este arreglo, el líder socialista volverá a engañar a Casado, no tiene la menor intención de cumplir con una palabra, la suya, que tiene el mismo valor que una peseta de las que reinaron en España hasta el año 2000.
El aún presidente ni siquiera se molestó el pasado lunes en acudir a la apertura del Año Judicial que sí tuvo la presencia relevante del Rey. Acertó: hubiera tenido que soportar la durísima diatriba que lanzó Carlos Lesmes contra las persistentes injerencias del Gobierno en la Justicia. Lo importante no fue, por mucho que se quiera disimular, la exigencia de la renovación de un Consejo que ya huele, que lleva tres años aplazados. Con ser una advertencia, se convirtió en un pellizco de monja ante las denuncias de Lesmes en dos puntos concretos: el ninguneo del que ha sido víctima el Supremo tras su sentencia, desechada, contra el indulto a los golpistas sediciosos de octubre del 17, y el impedimento que en su momento aprobó el Gobierno y sus cómplices parlamentarios, de que el Consejo pueda rellenar, aún en funciones, las plazas judiciales pendientes. Entre ellas, y no es moco de pavo, la mitad de los integrantes de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
Puñetazo en la mesa
En estos dos gravísimos asuntos, Lesmes ha podido constatar con quién se juega los cuartos, y, tras unos meses de relativa cordialidad con Sánchez, el exministro Campo (¡hay que ver lo que ha ido diciendo este hombre por las playas de España!) y algún magistrado que se ofreció de intermediario, Lesmes ha dado un puñetazo en la mesa. ¿Saben por qué? Porque la promesa que le llevó a la duda en su comportamiento hace meses, ya entiende que es, castizamente, un coña marinera. Lesmes, que no es nada tonto, no se fía de que, más pronto que tarde, el PSOE le otorgue una silla en el Tribunal Constitucional. «¡Para confiar en este individuo estamos!» me decía esta semana un letrado del Supremo,
Y, por lo demás, la gente es más espabilada de lo que aparenta. Ya ha recaído en que es mejor un Consejo, que no está en funciones hay que repetirlo, que, otra vez, otro elegido a imagen y semejanza del veraneante de La Mareta. Uno puede resistir las embestidas de este Gobierno social comunista, el otro no resistirá; simplemente compondrá con él todas las fechorías que al jefe político se le vayan ocurriendo.
La Justicia que pretende el PSOE y sus asilvestrados jueces para la presunta democracia, es toda una declaración de injusticia. Es uno de los puntos cruciales para el cambio de régimen que pretende Sánchez. Tras él, o al tiempo, regresarán los embates contra la Corona.
El todavía presidente es una taladrador de la Justicia y, por tanto, de la Democracia. Cuando se produjo aquella alteración antidemocrática que hemos referido al comienzo de esta crónica, uno de los padres de la Constitución, fallecido recientemente, José Pedro Pérez Llorca dijo a este cronista: «Franco fue menos golfo con la Justicia». Pues eso.