El dato del paro del mes pasado entra en los destacados de la serie histórica por ser el septiembre con el mayor descenso del desempleo. 76.113 personas menos inscritas en las oficinas dan oxígeno a las arcas del Estado e inyectan optimismo de cara a afrontar el último trimestre de 2021. En los últimos meses, el mercado laboral ha conseguido recortar 750.987 desempleados en un periodo del año donde la recuperación ha venido del sector servicios, especialmente hostelería y turismo, pero también de otras actividades como la industria, la construcción y la agricultura, que ya tienen menos desempleados que en febrero de 2020.
Estas cifras, en cambio, no maquillan la situación de interinidad en la que se encuentran los 239.230 asalariados que aún están inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ni de otros 226.436 trabajadores autónomos que están recibiendo la prestación por cese de actividad. Bien haría el Gobierno en rebajar -o al menos en contener- la euforia por las incertidumbres que aún sufren ciertos sectores, muchos de ellos derivados todavía de la evolución de la pandemia y de los problemas logísticos internacionales. Es pronto para saber si el desarrollo del mercado laboral español se encamina hacia una recuperación sostenida con sus talones de Aquiles -como la temporalidad de los contratos, el paro juvenil y el femenino- o si realmente se mantendrá esa evolución alcista para recuperar los niveles perdidos días después de la declaración de la pandemia, algo que en algunas provincias es ya una realidad.
La vuelta a la normalidad que ha supuesto el descenso de casos covid a finales del verano y el alto grado de vacunación en la sociedad española ha generado una inercia difícil de parar por futuras restricciones. Los distintos gobiernos son conscientes de que una paralización de la actividad sería muy perjudicial para la economía y rápidamente han optado por aminorar los controles y estimular los distintos mecanismos institucionales. En ese camino por recorrer, España tiene ante sí el reto de administrar los fondos europeos con la mayor celeridad posible y de la manera más justa para distribuirlos entre los sectores más laminados y las regiones más perjudicadas por la crisis económica.
El empleo sigue siendo una de las asignaturas pendientes de España, que presenta cifras muy lejanas a la media de los países europeos. La ‘legislación social’ de la agenda gubernamental, con el alza del salario mínimo como ejemplo más próximo en el tiempo, debe sincronizarse con un ciclo expansivo de la creación de empleo, sobre todo en los sectores más asfixiados. Y eso, por ahora, no pasa.