COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Un escudo social potente

Resolver la crisis del coronavirus va para largo y queda mucho tiempo hasta que se pueda ver a los sanitarios españoles celebrar que el pico más grave de la infección ha pasado y que se puede recuperar la normalidad social y económica. Entretanto se trata de proteger todo ese entramado nacional, a las personas, familias y al sistema productivo que van a sufrir unas consecuencias imprevistas e imprevisibles a las que es preciso hacer frente de la única manera posible con ayudas económicas para lo que es imprescindible que haya los recursos suficientes puestos sobre el tapete por el Gobierno y por la Unión Europea. Los 200.000 millones de euros movilizados, más de la mitad de ellos de procedencia estatal, se encuentran en el límite de lo acordado por la UE. 

La crisis del coronavirus ha convertido en grupos vulnerables a todos los afectados, por supuesto a quienes pasan la enfermedad, y a partir de ahí a quienes tienen posibilidad de perder su puesto de trabajo mediante regulaciones de empleo temporales o con visos de convertirse en definitivas, y por supuesto también las empresas pequeñas, medianas o autónomos que ven afectada su actividad y que necesitan ayudas, muchas, pero también a las que es preciso exigir el mayor ejercicio de solidaridad posible.

El Consejo de ministros ha establecido un escudo social con varios mecanismos de defensa, el primero evitar un nuevo repunte de los desahucios con una moratoria del pago de hipotecas acordada también con los bancos, que han aceptado la medida de forma inmediata, -en una suerte de redención por las deudas pendientes con la sociedad que rescató el sistema financiero- aunque también se les blinda frente a opas hostiles, como al resto de las grandes empresas españolas, mientras dure el estado de alarma. La percepción del seguro de desempleo, la imposibilidad de suprimir los suministros básicos, incluidas las telecomunicaciones, el cambio de horarios laborales, la generación de nuevos derechos para dar cobertura a quienes se van a quedar sin empleo, o la exoneración de cuotas para los autónomos quedan bajo esa protección.

La pérdida de empleo de forma definitiva es el punto débil que es preciso evitar, al igual que la destrucción de empresas que se necesitan para iniciar un nuevo proceso de recuperación de la actividad. Para subrayar la importancia de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis, Pedro Sánchez utilizó la misma expresión que Rodríguez Zapatero: “No vamos a dejar a nadie atrás”. Ojalá en esta ocasión sea cierto.

El jefe del Ejecutivo se abrió a negociar con todos unos Presupuestos Generales de reconstrucción social y económica. El paisaje después de la batalla requeriría un pacto político, económico y social que suture todas las heridas creadas. Si la crisis de 2008 se superó mediante el austericidio impuesto por la Unión Europea y con un altísimo coste social que aún se está pagando en forma de precariedad, sueldos bajos y servicios sociales con menos dotación que antes de la crisis, la salida prevista ahora es mediante una “cadena de solidaridad”, porque una de las funciones de la actividad económica es su compromiso social.

Siempre habrá quien considere que las iniciativas aprobadas no satisface sus demandas, que se quedan cortas. Pero nunca antes se había movilizado tantos fondos en tan poco tiempo y para ayudar a tantos.

 



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