Objetivo: un Estatuto prudente

Carolina S. Rubio
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Los expertos consultados por La Tribuna apuntan que la viabilidad de la reforma estatutaria pasa por elaborar un buen texto jurídico, más técnico que político. El Gobierno regional ya ha confirmado que la reforma partirá de cero.

Objetivo: un Estatuto prudente - Foto: VÁ­ctor Ballesteros

Castilla-La Mancha se acaba de embarcar en un proceso de revisión de su estatuto de autonomía. Otra vez. Sería, de llegar a buen puerto, la cuarta reforma de calado de la estructura jurídica de la comunidad y, también, uno de los primeros estatutos 3.0 del país. O lo que es lo mismo, de aquellos que llegan tras la revisión competencial desarrollada a raíz del polémico estatut catalán, en la primera década del siglo. Nuevos estatutos en los que, por lo que se está viendo en otras regiones, se habla de los nuevos intereses ciudadanos, como la eliminación de los aforamientos y blindaje de los servicios públicos. Así se recoge por ejemplo en el nuevo estatuto canario, el primero, y de momento único, de esta tercera generación de reformas.
Pero también están en el horizonte los intentos fallidos, especialmente el de 2007, que terminó naufragando en el Congreso de los Diputados a cuenta de la negativa regional a retirar sus aspiraciones en torno al agua y, especialmente, sobre el fin del Tajo-Segura. Una competencia cien por cien estatal, como no tardó en recordarle la Cámara Baja, y que entonces, como ahora, chocaba con los intereses del Levante español. Es por ello que hoy la palabra ‘prudencia’ es la que más se escucha en los pasillos de las Cortes autonómicas, donde, de momento,  parece haber bastante sintonía entre los  grupos parlamentarios (PSOE, PPy Ciudadanos).
Lo mejor, no chocar con el Estado. Los juristas también coinciden en esta necesidad de prudencia, o más bien, de no meter al estatuto en más charcos de los que competencialmente le corresponde a la comunidad. Como apunta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Javier Díaz Revoiro, incluir ‘batallas’ con el Estado como la del ya citado caso del agua, o la exigencia de cobrar una ‘deuda histórica’ por infraesatructuras nunca realizadas, también incluida en el proyecto de 2007, son «brindis al sol» que no obligan a nada a Madrid.
Opinión en la que también coincide Isaac Martín Delgado, director del Centro de Estudios Europeos de la UCLM. Y es que, explica, no se trata tanto de que temas como el agua se incluyan o no en el estatuto, sino de que si se hace, sea bajo criterios jurídicos. Es más, a su juicio el agua es una materia lo suficiente importante en la región como para introducirla dentro de esta reforma, la cuestión es buscar «soluciones jurídicas, y no políticas» al problema.
 No hay que perder de vista aquí que el estatuto es una  norma jurídica, base del desarrollo legislativo posterior de la comunidad,  «no una declaración política», según insiste Martín Delgado.
Un marco competencial lo suficientemente claro. Entonces, ¿en qué se debería meter esta reforma? Ambos expertos coinciden en la necesidad de revisar el marco competencial. Y aquí el proyecto elaborado en 2007 por el ya fallecido catedrático Luis Ortega podría ser una buena base para la nueva estructura normativa regional.
Para Díaz Revoiro el trabajo realizado en este sentido en 2007 podría ser rescatado para en este punto, ya que presentaba un desarrollo detallado de las competencias que Castilla-La Mancha compartía con el Estado y  de las exclusivas de la comunidad. Es, por decirlo de alguna manera, un ‘clarificador’ de qué competencias le corresponden a cada cual.
Otra cosa son las nuevas competencias, como la recogida en 2007 de Justicia que ahora la Junta ni se plantea exigir. Como insiste aquí Martín Delgado, su asunción, o no, depende de criterios políticos.


Blindaje de los servicios básicos.

En cuanto al blindaje de derechos, Díaz Revoiro es tajante al advertir que un estatuto de autonomía no puede incluir nuevos derechos, dado que los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución.
Lo que sí puede hacer el estatuto es desarrollar los servicios vinculados a estos derechos, como pueden ser los vinculados a la educación, la sanidad y los servicios sociales, cuyas competencias están transferidas a la comunidad. ¿Cómo? Pues, según este experto  en Derecho Constitucional, «blindándolos», obligando por ejemplo a destinar en los presupuestos regionales un porcentaje de gasto mínimo en la materia.
Algo que, como advierte, no es ni mucho menos una panacea. Y también lo ve así Martín Delgado, quien, si bien lo considera «una buena idea», avisa ya de lo difícil de llevarla a cabo con éxito. Por un lado, porque limita la acción política del Ejecutivo a la hora de decidir en qué gastar el dinero, y por otro, está el problema de «establecer fórmulas genéricas», que terminan resultando meras declaraciones de intenciones  «si no prevés mecanismos contra el incumplimiento».
Decreto ley y reforma del Estatuto.  En cuanto a lo que habría que introducir, Díaz Revoiro plantea la posibilidad de incluir el concepto de ‘decreto ley’ en la normativa autonómica. Básicamente, la posibilidad de que determinadas leyes sean aprobadas en un primer momento por el Consejo de Gobierno por su urgencia,  para pasar, no más de 30 días después,  por el examen de las Cortes.
Esta figura del ‘decreto ley’ autonómico fue una de las novedades incluidas en los estatutos de segunda generación aprobados entre el 2005 y 2010, oleada de la que Castilla-La Mancha quedó fuera tras el fracaso de la reforma de 2007.
Como también sería conveniente, en su opinión, dar un repaso al  mecanismo de revisión del Estatuto. Aunque tradicionalmente los proyecto de reforma estatutaria han salido por unanimidad de las Cortes regionales, la ‘carta magna’ castellano-manchega se puede modificar por mayoría simple, como se vio en el retoque exprés llevado a cabo en 2014 para reducir el número de diputados autonómicos, que salió para el Congreso solo con los votos del PP.  
Para Díaz Revoiro, la mayoría cualificada (tres quintos de la cámara) sería una buena proporción para poder llevar a cabo cualquier cambio en las reglas del juego autonómico.


Una región en Europa.

Por su parte, Martín Delgado apunta la oportunidad de introducir la  «dimensión europea» de la región dentro del nuevo texto, así como las nuevas exigencias ciudadanas en materia de transparencia, el reto demográfico o el desarrollo de las nuevas tecnologías. Como ejemplo pone el caso canario, que ha incluido dentro de su nuevo Estatuto a su comisionado de transparencia.
fuera aforamientos. En este sentido, también está sobre la mesa la posible eliminación del aforamiento de los diputados regionales. Una posibilidad perfectamente asumible por un estatuto de autonomía, tal como confirma Díaz Revoiro, ya que el aforamiento recogido en la Constitución solo alude a los diputados y senadores nacionales.
Otra cosa es si es conveniente eliminar estos aforamientos. Para Martín Delgado, son un mecanismo para garantizar la libertad de los diputados a la hora de ejercer la acción política, por lo que «tengo dudas» de la conveniencia de su supresión.
Además, esta reforma también puede ser un buen momento para ‘blindar’ instituciones de interés regional. Desde el Centro de Estudios Europeos de la UCLM se pone el ejemplo de los extintos Síndico de Cuentas y del  Defensor del Pueblo, eliminados en plena crisis económica y cuya recuperación está siendo estudiada ahora por el actual Ejecutivo autonómico.
Financiación autonómica. Mención aparte merece la financiación autonómica, cuestión que los grupos parlamentarios parecen interesados en incluir en el nuevo modelo estatuto. El ejemplo ya lo tienen en el caso canario, que ha recogido en su articulado  el anclaje del REF y su desvinculación del sistema de financiación autonómica. Aquí, como ya apuntaba anteriormente Díaz Revoiro, se corre el peligro de caer en el concepto de ‘brindis al sol’, dado que un estatuto de autonomía no tiene potestad para exigir una determinada inversión a Moncloa. Como concluye este catedrático de Derecho Constitucional, «su validez es nula, no obliga a nada al Estado».
Sin olvidar que esta reforma castellano-manchega, como todas, debe pasar también el filtro del Congreso, que en estos momentos plantea equilibrios más que precarios. Se verá.

 

¿Una reforma electoral a la vista?

Uno de los puntos que más interés mediático despierta es si se llevará a cabo la tan anunciada reforma electoral, sobre la que se lleva hablando desde 2015. Para el catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM, Javier Díaz Revoiro, este sería un buen momento para ampliar la representatividad de la comunidad. Y es que como apunta, el sistema actual es «mejorable».
Aquí se plantean diferentes opciones, muchas de las cuales el propio Revoiro ya aportó la pasada legislatura, cuando ya se realizó un intento fallido de reformar el estatuto regional. Una de ellas sería, por ejemplo, la posibilidad de convertir a Castilla-La Mancha en un distrito único, una opción «problemática para una región tan extensa», o la de incluir en la normativa correctores de representatividad, para que el efecto de la despoblación sea lo más leve posible.
En este punto, defiende también la posibilidad de añadir a las listas provinciales una ‘lista única’.