COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


De qué van las elecciones

Las anteriores elecciones del mes de abril iban de acabar con la inestabilidad que se derivaba del triunfo, por primera vez, de una moción de censura con la que se ponía de manifiesto la condena pública a los casos de corrupción que había protagonizado el PP a distintos niveles políticos y territoriales, a la inacción del gobierno de Mariano Rajoy en el asunto catalán, a su fracaso al impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O,  para conseguir un gobierno estable que pusiera en marcha las reformas pendientes y para llevar el expediente catalán a la senda del diálogo dentro de la ley, sin necesidad de recurrir a los tribunales. 

Las elecciones que se van a celebrar el próximo 1-O van inicialmente de acabar con el bloqueo político y de tomar decisiones que permitan formar un gobierno lo más estable posible, o al menos para que se deje gobernar al partido más votado, dado que una mayoría absoluta no la vaticina ni el CIS de Tezanos. Este es el primer requisito para abordar los dos problemas más acuciantes de los ciudadanos, la caída de la actividad económica con sus secuelas sobre el mercado laboral y la vida de todos los ciudadanos, y el problema territorial de Cataluña. Este último solo se podrá encauzar desde una posición compartida por los partidos constitucionalistas que esté exenta de un uso partidista. Un equilibrio difícil de conseguir cuando los socialistas parten de la necesidad de que el diálogo se encauce previo cumplimiento de la ley, mientras que los otros dos partidos de la derecha son partidarios de la mano dura, y Vox de llevar el palo y tente tieso a la aplicación del estado de excepción en Cataluña.  

A estos dos asuntos se ha incorporado un debate recurrente por una cierta torpeza del PSOE –atribuida a su transparencia- porque el programa electoral no incluía ninguna referencia al Estado federal  y la subsanación del olvido ha sido la recuperación de las declaraciones de Granada y de Barcelona sobre su modelo territorial. En la primera hacen una defensa del Estado federal, y en la segunda se muestran a favor de un mayor autogobierno de Cataluña. Nada tendría que sorprender estas referencias si se tiene en cuenta que Pedro Sánchez volvió a la secretaria general del PSOE a lomos de su propuesta de reconocimiento de la plurinacionalidad de España, que luego dejó olvidada porque los problemas sobrevenidos han sido otros, y bastantes energías se han gastado en encauzar política y judicialmente los desafíos independentistas.

Federalismo y plurinacionalidad son dos conceptos que se convierten en tabú en determinadas condiciones y las actuales no son las mejores para abordar ese debate. Y sin embargo, el estado de las autonomías es cuasi federal, y lo sería más si entre las comunidades autónomas se dedicaran a realizar una cooperación horizontal entre ellas y todas mantuvieran la imprescindible lealtad institucional y federal propia de esos Estados. Y en cuanto a la plurinacionalidad, es una forma extrema de reconocer las singularidades y la diversidad existente, reconocida en la Constitución que habla de ‘nacionalidades’ y que fue el propio Tribunal Constitucional quien acabó con el ‘café para todos’.

El PSOE tendrá que dedicarse ahora a convencer a los ciudadanos de que no es de esto de lo que van las elecciones.       

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