El Consejo Agrario de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno al borrador de la ley de extinción de las cámaras agrarias. Unos organismos que han ido quedado en desuso hasta su actual desaparición de facto y que ahora la Junta quiere liquidar con un objetivo básico: utilizar sus propiedades rústicas para crear un banco público de tierras de cultivo. La previsión es que esta ley esté lista para su aprobación este mismo verano.

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, defiende esta iniciativa como una herramienta para facilitar el acceso al campo de jóvenes agricultores.

La Junta también asumirá el patrimonio monetario -y las deudas- de esas cámaras, dinero que se utilizará para inversiones en el medio rural, fundamentalmente para la restauración de caminos. En cuanto a las propiedades urbanas -lo que eran las sedes de estas cámaras- se cederán a los ayuntamientos o a las organizaciones agrarias, que son la que a día de hoy asumen la labor de representación de los intereses de los agricultores frente a la Administración.

En estos momentos, la Junta desconoce el patrimonio real de estas cámaras agrarias, según reconoce el consejero. Una vez esté aprobada esta ley, se pondrán en marcha comisiones provinciales para evaluar al detalle los bienes de estos organismos.