A comienzos de la ya pasada campaña de las últimas elecciones generales, el sociólogo Narciso Michavila lanzaba la advertencia a los partidarios de las tres fuerzas de derecha (Partido Popular, Ciudadanos y Vox) de que trasladar sin más la entente que les ha dado el Gobierno de Andalucía a la conquista de La Moncloa suponía obviar que vascos y catalanes también votan al Congreso y al Senado. Su aviso se reveló en toda su crudeza el pasado domingo, ya que resultó vital para el triunfo de las izquierdas (PSOE y Unidas Podemos) en los últimos comicios sus buenos resultados -además de los de nacionalistas e independentistas- en los dos territorios del Norte, frente a los pésimos de sus contrincantes. Sin embargo, si se sigue con este razonamiento, vascos y catalanes no votarán a los futuros inquilinos de las Cortes de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas de dentro de un mes. Y aunque los resultados de unas elecciones generales no suelen ser extrapolables a unas autonómicas, más le vale a la izquierda confirmar este principio el próximo 26 de mayo, porque el primer puesto del PSOE, como ocurrió en la comunidad vecina del Sur, no le garantizaría a Emiliano García-Page seguir como presidente de la Junta ni con su actual pacto con los morados. Los socialistas castellano-manchegos deberán intensificar su habitual buen rendimiento en las elecciones autonómicas -o esperar una verdadera ‘remontada’ de Podemos- para conjurar una mayoría de las tres derechas.
La traslación de los sufragios de las últimas generales para las próximas autonómicas en las cinco provincias castellano-manchegas, aplicando la Ley D´Hont en los 33 escaños que forman la Cámara autonómica, deja al PSOE como primera fuerza en todas ellas. Pero pierde dos de sus actuales 15 diputados, uno en Ciudad Real (provincia que pierde un escaño en los próximos comicios para quedarse en siete) y otro en Toledo. Por su parte, Podemos pierde su actual escaño en Guadalajara. aunque conserva el de Toledo.
Peor parado resultaría el Partido Popular, que baja a una segunda posición al perder la mitad de sus actuales 16 diputados. En concreto, perdería un escaño en Albacete (provincia que gana el escaño perdido por Ciudad Real para tener, también, siete), dos en Ciudad Real, dos en Cuenca, uno en Guadalajara y dos en Toledo.
Pero esto se compensa sobradamente con los resultados de Ciudadanos y Vox, que también logran representación en todas las provincias. Los liberales obtendrían seis actas regionales, dos en Toledo y una por cada provincia restante. Mientras, la derecha extrema lograría cinco, a uno por provincia (en Cuenca, con más votos que Cs).
Así las cosas PSOE y Podemos, por un lado, y PP y Cs, por otro, empatarían a 14 parlamentarios. O bien deciden los cinco parlamentarios de Vox a favor de un Gobierno de derechas o García-Page es apuntalado por Ciudadanos para seguir en el poder. Estas serían, siguiendo la extrapolación, las dos posibilidades con fundamento ideológico que superarían los 17 escaños, la mayoría absoluta.
El primero puede gobernar en minoría.
En todo caso, la primera posición ya es un paso importante para que el PSOE continúe al mando del Gobierno regional. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a diferencia de la legislación prevista para la elección del Gobierno de España, contiene una ‘cláusula contra bloqueos’ que evita la no elección del Ejecutivo autonómico. Se trata de su artículo 14.5, que prevé a falta de una mayoría absoluta en el Parlamento la elección como presidente del candidato presentado por el partido que tenga el mayor número de escaños de la Cámara. Esta investidura ‘automática’ es similar a la que se da al candidato del partido con más concejales en un ayuntamiento como alcalde, si no hay un pacto con mayoría absoluta alternativo, aunque se activa dos meses después del primer debate de investidura del presidenciable en las Cortes.