LA PLUMA CONTRA LA ESPADA

José Manuel Patón


El último mono de la compañía

21/04/2020

La legalidad es el cumplimiento de la ley. El gobierno al dictar un Estado de Alarma la ley le permite mantenerlo durante 15 días, luego hay que ir al Congreso para prorrogarlo otros 15, y así sucesivamente. Todo lo que está escrito en los decretos de regulación de la alarma es legal, pero no lo que no está escrito en ellos es ilegal. Y aquí viene la cosa: existen varios derechos fundamentales, uno es el de libertad de reunión, que lo ha reducido la regulación de la alarma, como también lo ha hecho con la libertad de movimientos, etc. Pero hay dos que nadie podría atreverse a limitarlos ni por supuesto a cancelarlos: El secreto de las comunicaciones y la libertad de expresión y de prensa. Dar instrucciones por parte de cualquier Fuerza, sea el gobierno sea un alcalde, o el último mono de la compañía de reclutas de Vitigudino, está cometiendo un delito de lesa Constitución. Los delitos no existen ni por gracia de Dios ni por inspiración del diablo ni porque lo diga el sursum corda, los delitos existen porque lo dice un librito que los abogados tenemos en nuestras cabeceras de nuestras mesillas de noche y que se llama código penal vigente. Para modificarlo hay que dictar una ley con la categoría de ley orgánica, y lo tiene que hacer el Parlamento. Y estos dos delitos, el de impedir la libertad de expresión y el de vulnerar el secreto de las comunicaciones, se cometen por cualquiera que lo haga y también por quien lo intente, -tentativa-, o por quien lo inspire, -conspiración para delinquir-, y de la sanidad de la democracia depende el respeto, entre otros derechos, de la salud de estos dos preceptos. El lapsus del General que ha dicho que tiene una encomienda de quien sea de reprimir tales derechos, debería ser investigado por la Fiscalía. Estos dos derechos solo pueden ser limitados por un juez, y no en cualquier caso, sino cuando se esté cometiendo, impidiendo o persiguiendo un delito grave, que son los que tienen acarreada más de 5 años de prisión según el código penal, y solo pueden ser reprimidos para conseguir más pruebas o para perseguir a los delincuentes, y los jueces solo pueden dictar un auto suprimiéndolos cuando lo motiven exhaustivamente. Esto es el abc del derecho penal, y lo debe saber todo el mundo porque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento; y es más grave cuando lo comete una autoridad que debe tener la formación necesaria para estar en un cargo.
El PP cometió el error dos veces, con Aznar y con Rajoy, de no mantener la independencia judicial, otro de los pilares de la democracia, y resulta que ha dejado en manos de quienes no quieren La Constitución ni respetan las leyes. Un arma mortal para los demócratas, que se supone que son todos los ciudadanos. Esto es lo que está ocurriendo. La censura no puede existir, si alguien se siente ofendido por una publicación debe ir a un juez y no tomarse la justicia por su mano y menos si es una Autoridad.



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Me pregunto qué debe sentir aquél que sabe a ciencia cierta que alguien le está engañando y, peor aun, que tiene claro que esa actitud traidora no variará jamás