Los tres grupos parlamentarios con presencia en las Cortes de Castilla-La Mancha -PSOE, PP y Ciudadanos- han cerrado este jueves un acuerdo de mínimos en torno a la defensa del sector agroalimentario en la comunidad, que a día de hoy supone el 16% del PIB castellano-manchego.

A grandes rasgos, el documento aprobado insta a la Junta de Comunidades a consensuar leyes como la del Vino o la de Calidad Diferenciada, ambas en fase de borrador y que a día de hoy no cuentan con el visto bueno del conjunto del sector, especialmente en el ámbito vitivinícola.

Asimismo se tiene en cuenta la demanda del sector productor de aumentar las inspecciones de trazabilidad. En concreto, el texto consensuado por los grupos pide “impulsar mejoras en las medidas de supervisión de la calidad de los productos alimentarios de nuestra región y establecer la obligación de su trazabilidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta la mesa”.

También se insta al Gobierno regional a “apoyar a la industria agroalimentaria, a las cooperativas y a los particulares en el marco del futuro Programa de Desarrollo Rural” y fomentar el cooperativismo y el modelo de Agrupaciones de Productores.

En este sentido, las Cortes cogen el guante de las reclamaciones de las organizaciones agrarias -especialmente Asaja- y piden “fortalecer la posición de los productores y transformadores de la cadena alimentaria, con especial atención a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos que constituyen el eslabón más débil de la misma”.

Y dentro de un agrio debate sobre la situación de la DO de Valdepeñas, donde la oposición critica la “dejación de funciones” de la Junta en el conflicto, se ha conseguido sacar adelante un mensaje genérico de apoyo a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y Marcas de Calidad de Castilla-La Mancha, “que otorgan a nuestra producción agraria un valor añadido y un sello diferencial y de mayor huella ecológica”.

La resolución aprobada también apunta al Gobierno central, a quien se le exige que defienda “los intereses de los agricultores y ganaderos en la negociación de la PAC” y que trabaje “porque existan instrumentos de mercado de autorregulación para el sector agroalimentario”.

Además, se pide a Moncloa “la aplicación de la normativa comunitaria en materia de importaciones de productos agrarios en la Unión Europea”. Sería el caso del respeto de precios de entrada, contingentes de importación, así como certificación y control fitosanitario.

Por otro lado, se reclama también tomar en consideración los proyectos presentados por las industrias agroalimentarias en el reparto de fondos europeos, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.