La Ley del Tercer Sector, para primeros de año

C.S.Rubio
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Bienestar Social insiste en que el objetivo de este proyecto normativo es «sentar las bases para la ordenación del Tercer Sector Social», que se materializará después vía decretos

La Ley del Tercer Sector, para primeros de año

c.s.rubio / toledo
La Junta no tiene previsto introducir modificaciones de calado -vía enmiendas del PSOE- al proyecto de ley del Tercer Sector, que acaba de entrar en las Cortes regionales. Es más, el objetivo del Ejecutivo es que esta normativa sea aprobada a primeros de año, tal y como ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, a la salida de la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Consejera que no comparte las críticas del Consejo Consultivo a este texto, que en su dictamen lo tacha de  ser excesivamente generalista. Y es que,  según el Consultivo castellano-manchego,  «se ha desaprovechado una oportunidad para delimitar y dar un marco normativo más preciso a la actividad de estas entidades que forman parte  del Tercer Sector de Acción Social».
Según Sánchez, el texto enviado a las Cortes «no puede ir más al detalle». «Es un ley pionera» y «un poco incomprendida», cuyo objetivo es sentar las bases «para la ordenación del Tercer Sector Social» y explicar quién lo conforma. Un Tercer Sector que engloba a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro «que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales, o culturales de las personas o grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad, dependencia, discapacidad, desprotección o se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social», según explica la Junta.
Con todo, la ordenación definitiva de este sector llegará vía decretos, como el esperado decreto para regular los conciertos entre la Junta de Comunidades y estas organizaciones sociales, que  será «meticuloso», según se ha comprometido la consejera.
En cuanto  a la futura Ley de Accesibilidad en la que trabaja el Gobierno de Castilla- La Mancha, Sáchez ha avanzando que esta normativa «incluirá el enfoque de la accesibilidad de la infancia, con el objetivo de crear en las ciudades, entornos, edificios públicos y administrativos, espacios o parques accesibles para las niñas y los niños», aprovechando la participación de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POICLM)  en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana.