COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Más pronto que tarde

16/04/2020

Un nuevo episodio de descoordinación entre miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, entre los procedentes del área socialista y de los de Unidas Podemos vuelve a introducir ruido en este caso en un asunto de la máxima importancia por todas las consecuencias que tiene tanto para las personas que pueden verse afectadas como por las repercusiones en materia económica y fiscal. El vodevil sobre el anuncio de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital anunciado para hoy por el vicepresidente segundo responsable de los asuntos sociales, Pablo Iglesias y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá que será a quien corresponde desarrollar la medida, solo sirve para enturbiar el debate sobre una medida que consideran necesaria hasta representantes tan conspicuos del mundo liberal como el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

Los debates en el seno del Gobierno en torno a la introducción en el Estado de bienestar de estas ayudas para las personas y familias más vulnerables son intensos por su efecto en el déficit público y en su financiación. Pero era uno de los acuerdos del pacto de gobernabilidad firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a desarrollar a lo largo de la legislatura, pero la urgencia motivada por la amplitud de la crisis económica generada por el Covid-19 ha motivado que se convierta en uno de los instrumentos esenciales para cumplir con la promesa del Gobierno de no dejar a nadie atrás en estos momentos de zozobra a todos los niveles.

El vicepresidente segundo no ha tenido más remedio que reconocer su precipitación en el metaanuncio de la medida por el deseo de capitalizar un recurso que será esencial para minimizar los efectos que se vaticinan en materia de empleo y de actividad económica, según las previsiones de distintas instituciones internacionales y nacionales que apuntan a una profunda recesión. Una situación excepcional requiere de respuestas de la misma categoría. Sin duda se trata de una apuesta del Gobierno, avalada por el propio presidente que ha acordado con Iglesias la urgencia y el alcance de una decisión que tendrá consecuencias políticas de primera magnitud y que deberá ser refrendada dentro de la pata de protección social que debe constituir uno de los ejes de un acuerdo de reconstrucción nacional.

La aplicación de un instrumento de estas características, que tendrá carácter permanente aunque tarde un poco, pese a las prisas manifestadas desde Unidas Podemos, necesita de un plan bien definido para que no se convierta en un nuevo motivo de frustración. Si se trata de un impasse de unas semanas antes de que el proyecto llegue al Consejo de ministros puede ser aceptable, dado que la previsión es que la ayuda llegue a un millón de familias, el diez por ciento monoparentales, que suponen tres millones de personas beneficiadas. Por supuesto es preciso que su diseño limite la posibilidad de fraude y que no se entre en conflicto innecesariamente con las comunidades autónomas que tienen ya establecidos algunos mecanismos similares.

Ha vuelto a fallar la coordinación y la política de comunicación del Ejecutivo. Pero será un lance que se olvidará cuando se instituya el ingreso mínimo vital más pronto que tarde lo hace para quedarse y proteger a los más necesitados.



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