COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Una vez más, esperar y ver

El documento firmado entre el PSOE y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se puede ver con mirada catastrofista o como una oportunidad para resolver la situación de Cataluña, llámese conflicto político, crisis de convivencia, o cualquiera de las denominaciones que se quiera utilizar para resolver lo que pasa allí, porque algo pasa en el engarce de ese territorio en el conjunto de España y no se puede ignorar.

Los acuerdos alcanzados entre las comisiones negociadoras pueden suponer, según sus detractores, el desmembramiento de España, la liquidación de la Constitución, un peligro para la soberanía nacional y la igualdad de los españoles, o para sus defensores, un motivo para alcanzar una solución dialogada que resuelva, o al menos aparque, el problema territorial para varias generaciones, mediante el diálogo. .

Que en Cataluña existe un conflicto político es evidente, que el diálogo es la forma de resolverlo, también;, que cualquier eufemismo para evitar referirse a la Constitución no oculta que es el marco del diálogo jurídico–político es también meridiano; que, “en su caso”, se consultará a los catalanes sobre los acuerdos que se alcancen dentro de ese marco, apunta más bien a una reforma estatutaria que a la votación sobre un inexistente derecho de autodeterminación sin encaje legal por ningún lado, por mucho que lo reclamen los independentistas que consideran pantalla pasada esa posibilidad, como ha dicho la portavoz de ERC, Marta Vilalta; que en ERC saben que las reivindicaciones que presentarán –referéndum, amnistía…- serán negadas por el Gobierno, pero suponen la oportunidad de dialogar; que así pueden retirarse a preparar su objetivo de conseguir una mayoría social a favor de la independencia, que no existe, y mientras tanto renunciar a la unilateralidad a la hora de tomar decisiones soberanistas; y que el acuerdo, sobre todo, ha causado una fractura en el seno del independentismo, que es uno de los efectos colaterales más relevantes,  y que el diálogo está blindado de las peripecias judiciales que afecten al presidente de la Generalitat Quim Torra.

Por supuesto, el pacto puede interpretarse, como han hecho los partidos de la oposición en la clave contraria, que por supuesto la Constitución es un “texto sagrado” que hay que respetar, y que en ningún caso existe mayoría suficiente sin su concurso para su reforma, que lo firmado es una rendición con la asunción del lenguaje y a las ideas de los independentistas, y que estarán vigilantes por si se produce cualquier vulneración de las leyes, por lo que la situación política en Cataluña seguirá judicializada. Por parte de la oposición independentista al acuerdo, la que representan Torra, Puigdemont y JxCat puede que todo el calendario se interrumpa si deciden adelantar las elecciones autonómicas catalanas.  

Una vez más toca esperar y ver. Esperar la configuración de la mesa de negociación y de que asuntos se derivan a los otros mecanismos de diálogo establecidos en el acuerdo, ver calendario y procedimiento y la adopción de las primeras decisiones para conocer cuál es su virtualidad y la forma en la que pueden aplicarse.  Pero la primera espera es la de la votación de investidura del próximo martes. Cualquier contingencia no prevista puede dar al traste con los planes de Pedro Sánchez.         



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