Solo el 19 por ciento de los jóvenes menores de 30 años ha logrado emanciparse en España, según un estudio del Consejo de la Juventud con datos del segundo semestre de 2018, un año que concluyó con la menor proporción de la última época de personas de 16 a 29 años residiendo fuera del hogar familiar.

Es más, en seis comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, el País Vasco y Cantabria), esta proporción no alcanzaba ni el 17 por ciento, entre otras cosas porque para que un joven pueda alquilar en solitario tiene que destinar más del 90 por ciento de su salario, que es de una media de 900 euros al mes.

Por eso, también, el alquiler ha perdido algo de terreno como fórmula mayoritaria entre los jóvenes emancipados (del 60,6 por ciento en 2017 al 59,2 por ciento en 2018), que no pueden dar el salto a la compra (sólo el 11,6 por ciento con propiedad pagada y el 17,4 por ciento con hipoteca) y que optan cada vez más por casas cedidas o a bajo precio (el 12 por ciento).

Es una tendencia que va en aumento la de vivir en casas cedidas por las familias que disponen de una segunda residencia.

Estos son algunos de los datos que se reflejan en el Observatorio de Emancipación Juvenil del segundo semestre de 2018, que presenta este jueves el presidente del Consejo de la Juventud, Manuel Ramos, y el sociólogo que ha trabajado en el proyecto, Joffre López; una "fotografía" de los principales problemas que tiene la juventud en cuanto a la vivienda y a nivel laboral o académico.

Y no es que en el último semestre de 2018 se haya producido un desplome repentino de la autonomía residencial de la población joven en España, sino que culmina un proceso que arrancó en 2009 y que, de una manera más o menos ininterrumpida, ha ido prolongándose hasta hoy, según el balance que se hace de las cifras en el Observatorio.

La proporción de jóvenes emancipados estuvo aumentado año tras año entre 2001 y 2008, pero a partir de ese último ha ido disminuyendo hasta regresar a cotas semejantes a las de mediados de la década de los noventa.

Vulnerabilidad económica y social

Pero actualmente, según el balance, no son sólo menos los jóvenes que pueden vivir fuera de casa de los padres, sino que cuando lo consiguen tienen más probabilidades de encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social.

Se trata del colectivo de edad con los índices de pobreza y exclusión más elevados, el 34,8 por ciento de media, aunque las mujeres poseen actualmente un menor riesgo que los hombres, justo lo contrario de lo que sucedía en 2009.

Tener trabajo no les garantiza estar fuera de esos índices porque de ese 34,8 por ciento de jóvenes, el 26 por ciento está ocupado, el 56,2 por ciento está en paro y el 34,5 por ciento son población inactiva, es decir no se incorporan al mercado laboral, ni ocupados ni parados.

En el 2018 el mercado de trabajo juvenil experimentó una notable mejoría ya que la tasa de empleo superó el umbral del 40, pero la temporalidad siguió siendo "extremadamente elevada", según el autor del informe.

El 55,5 por ciento de los asalariados tenía contratos temporales, cuando la media en el conjunto de la población era del 26,9 por ciento y cuando en el mismo trimestre de 2010 era de casi diez puntos menos.

Las máximas cotas, por encima del 60 por ciento, se registraron casi iniciado el 2019 en Andalucía, Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia y el País Vasco, y en el mejor de los escenarios (Baleares, Cataluña y  Madrid) no bajaba del 46 por ciento.

"Los problemas no se deben perpetuar", según los responsables del Consejo, quienes ponen varios apellidos al empleo juvenil: temporalidad e inestabilidad, algo que dificulta el acceso a la vivienda y sobre todo en propiedad porque, según sus cálculos, tendrían que ganar un salario de 22.000 euros para poder acceder a ella.

Abogan, por ello, por una política con criterios de accesibilidad a los hogares y por un parque público de viviendas.

Ante esta situación, Ramos considera imprescindible una Secretario de Estado de Juventud, que dependa del Ministerio de la Presidencia, además de una comisión en el Congreso de los Diputados para tratar estos problema.

De esa forma se frenaría, a su juicio, la "parálisis" que viven los jóvenes, con problemas que llevan arrastrando desde hace décadas porque persiste la opinión generalizada de que de que "no pasa nada porque la juventud sea precaria pues en el futuro vivirá bien".