El pasado 2 de diciembre, la empresa propietaria del macrovertedero de Almonacid del Marquesado (localidad donde es alcalde el presidente de la Diputación de Cuenca), anunció (mediante rueda de prensa, en Cuenca), la apertura de una nueva planta de tratamiento de residuos.
Pero no hay ninguna novedad, se trata de la misma planta que formaba parte del complejo de gestión de residuos (dado a conocer mediante rueda de presa en octubre de 2018) que comenzaría a funcionar en el primer trimestre de 2019 y que finalmente lo hizo (sin la planta de tratamiento) en septiembre de ese mismo año, tras publicarse la resolución por la que se aprueban las operaciones de gestión y tratamiento de residuos del complejo. En otras palabras, los propietarios de la instalación reconocen públicamente que su instalación ha estado funcionando durante 2 años y 3 meses sin la planta y por tanto sin ningún tipo de tratamiento de los residuos, en un flagrante incumplimiento de la autorización ambiental integrada (AAI).
La instalación es, en realidad, un vertedero enorme de residuos que ocupa (según la última información de los propietarios) casi 70Ha con una capacidad de gestión anual de 300.000T de residuos de diferentes categorías: residuos mineros, de la construcción, de refino de petróleo y otros procesos químicos orgánicos e inorgánicos, pinturas y esmaltes, vehículos al final de su vida útil,… y destaca (como no podía ser de otra manera al estar a menos de 25Km de uno de los principales mataderos de España) residuos de la preparación y elaboración de carne. De esas 300.000T, se deberían valorizar (según figura en las condiciones de la autorización) 67.500T.
Pero al no disponer en 2019, 2020 y en lo que llevamos de 2021 de planta de tratamiento de residuo (según datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaborados por los propietarios del complejo) en 2019 se recuperaron solo el 0,76 % (358 T) de los residuos que entraron en el complejo y un porcentaje muy inferior en 2020: tan solo 0,15 % (398 T) de las 257.717 T que entraron en el complejo. Es decir, entre 2019 y 2020, se arrojaron al vertedero 301.000 toneladas. En la actualidad se ha completado la capacidad de la celda de vertido 1 y se ha comenzado a verter en la celda 2, de las 16 celdas de vertido previstas en el complejo.
Esta actividad es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero de la región, de óxidos de azufre o de compuestos orgánicos volátiles (COVs). Los propietarios de la instalación, no han dado a conocer si han existido accidentes laborales, ni las irregularidades en la gestión por las que Ecologistas en Acción ha solicitado información y por la que interpuso denuncia.
En cuanto al incendio del 26 de junio, la empresa no ha comunicado las causas de dicho incendio, que según Ecologistas en Acción se debió al acumulo de residuos (plásticos, cartón y papel) cuyo vertido no estaba autorizado. El grupo Griñó (principal accionista de Reciclados del Marquesado S.L.) ha defendido su actuación en la extinción del mencionado incendio, aunque nada mencionó de los medio humanos y materiales que contribuyeron a sofocarlo: los bomberos del parque de Tarancón y los medios aéreos (un avión y un helicóptero) del INFOCAM, es decir, gracias al dinero de los contribuyentes y que le ha salido gratis a los propietarios del macrovertedero.
Además el incendio, provocó la combustión de una importante superficie del recubrimiento aislante de las celdas nº 1 y 2, por lo que Reciclado del Marquesado, tuvo que reponerla para garantizar su impermeabilidad.
El Grupo Griñó tampoco dio a conocer el pasado 2 de diciembre, que el 6 de mayo de 2021 se le impone a su filial en Cuenca, una sanción de 20.000 Euros por una infracción grave. Si bien el Viceconsejero de Medio ambiente no ha comunicado a la asociación ecologista el motivo de dicha sanción, ni por qué no se ha iniciado un nuevo expediente a la vista del incumplimiento continuado y por más de 2 años de la AAI.