El diputado regional del PP, Emilio Bravo, aprovechó la presencia de Arroyo ante la Comisión de Agricultura para exponer la polémica generada por una campaña de revisiones de la Inspección de Trabajo a explotaciones agrarias. Esta campaña fue justificada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la existencia de condiciones laborales que, en algunos casos, equiparó a la «esclavitud». Bravo expresó el malestar de profesionales del sector al ser puestos de este modo en el punto de mira de Trabajo, y reclamó sin éxito al consejero de Agricultura que se posicionara en contra.

Bravo preguntó al consejero si en el pasado han existido campañas similares de inspecciones de Trabajo en el campo.

El consejero, por su parte, restó trascendencia a este asunto, señalando que estas revisiones de las condiciones laborales de temporeros y otros operarios del campo son realizadas habitualmente tanto por la Inspección de Trabajo como por la Guardia Civil. Arroyo insistió en que la «inmensa mayoría» de los agricultores de la región respeta las condiciones laborales de sus contratados.

Ruiz pide una política agraria con objetivos.

Como suele ser habitual, el consejero avaló sus explicaciones con una amplia batería de datos. Esto llevó al diputado regional de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, a reclamar a Arroyo que fije objetivos en su departamento para poder determinar, de una manera cuantificable, el éxito o fracaso de sus políticas. El consejero se mostró receptivo a esta propuesta, señalando que la Unión Europea ya fija el cumplimiento de indicadores a la hora de destinar sus fondos de desarrollo rural.