«No vamos a parar la maquinaria». En las Cortes queda mes y medio de legislatura, el Gobierno regional tiene problemas con el Grupo Parlamentario de Podemos, pero ninguna de estas razones detienen al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, para seguir presentando leyes. La última es la del Estatuto de Mujeres Rurales, que ahora tendrá que ir al Consejo Consultivo para que haga su revisión jurídica. «El objetivo es que se pueda tramitar», expuso esta mañana Francisco Martínez Arroyo, «por eso hemos solicitado el carácter urgente al Consultivo».
El consejero detalló algunas de las novedades que traerá la normativa. Una de las más llamativas es que la paridad será un requisito para poder acceder a las ayudas públicas. «A partir de ahora las organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones empresariales o sindicales, tendrán que garantizar que al menos el 40% de sus órganos de dirección son mujeres para tener ayudas», avanzó Arroyo. Este requisito no empezará a operar de manera inmediata. Desde que entre en vigor la ley, estas organizaciones tendrán un período transitorio de cuatro años para adaptarse y que más mujeres accedan a sus órganos directivos.
Otro de las aspectos que vendrán recogidos en la ley es la discriminación positiva hacia las mujeres a la hora de convocar ayudas en el ámbito de la agricultura y la ganadería. Ellas tendrán prioridad en la resolución de ayudas y en algunos casos tendrán derecho a cobrar más cuantía. También tendrán más puntos las empresas que generan más empleo entre mujeres o aquellas que tienen Plan de Igualdad.
Martínez Arroyo comentó que de alguna forma esta discriminación positiva ya la están poniendo en marcha en la Consejería de Agricultura. «Lo que antes era voluntad del Gobierno, ahora será obligatorio en todas las ayudas que se convoquen», recalcó. Destacó que por este tipo de iniciativas, hay ahora más mujeres que se incorporan a la agricultura. En la primera convocatoria de la legislatura fueron 306, pero en esta segunda -que esperan resolver en abril- han recibido 529 solicitudes de mujeres de las 1.650 del total. «Una de cada tres son mujeres», subrayó, «es el porcentaje más alto que ha habido nunca en Castilla-La Mancha».
Otra de las patas de la ley persigue fomentar la afiliación de mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social. Arroyo explicó que lo conseguirán mediante subvenciones al abono de cuotas a la Seguridad Social en el régimen que corresponda.
Arroyo destacó que todo el articulado de la ley «viene a cubrir el déficit que la sociedad tiene con las mujeres rurales, que sufren una doble discriminación». Señaló que padecen la «discriminación habitual de la mujer, pero con más incidencia en el medio rural». Pues además de tener más dificultades para encontrar trabajo, «se ven condicionadas por la falta de infraestructuras».
Esta normativa se va a completar con otra ley en la que está trabajando el Gobierno, la de Desarrollo Rural Territorial. El consejero reconoció que en este caso solo le va a dar tiempo a presentar en esta legislatura el borrador, así que se tendrá que tramitar tras las elecciones.