El Ministerio de Agricultura informaba oficialmente hace unas fechas de las cifras sobre el comportamiento de la renta agraria en 2021 desde diferentes perspectivas: en moneda corriente, teniendo en cuenta el efecto de la inflación o por Unidad de Trabajo Año (UTA) equivalente al número de activos en el campo. Común denominador en todos los análisis es un retroceso de la renta del 0,1% en moneda corriente y que llegaría por la inflación al 6% por UTA; dos datos que explicarían el por qué de otros dos conceptos claves en la actualidad del sector agrario en este año: costes de producción disparados y movilizaciones de protesta (especialmente en la leche).

Este recorte de la renta en este año no se puede decir que haya sido consecuencia de una campaña catastrófica. En conjunto hay un recorte de solo el 0,1% en el volumen de las producciones agrícolas, con descenso en cereales o vino, y del 1,8% en las ganaderas, con incrementos en vacuno, porcino y ovino. Sin embargo, por el buen comportamiento de los precios en algunos de los principales mercados como el cereal, el vino, el aceite, el ovino o los huevos, y a pesar de los bajos precios de la leche o el porcino, el valor de la producción vegetal creció un 9,1% hasta los superar los 33.000 millones de euros y la producción animal un 3,6% hasta casi los 21.000 millones.

La realidad clave este año para el conjunto del sector agrario ha sido el coste de producción, con unos incrementos disparados para todo tipo de actividad en insumos como gasóleo, energía eléctrica o fertilizantes. Para el conjunto de las cabañas ganaderas el problema radicó en la subida de precios de entre un 20% y un 30% de los piensos, sin capacidad para repercutirlos en los precios de venta. Desde la Administración no se articularon medidas especiales para compensar o limitar la subida de los costes en medios de producción y todo quedó en una llamada al cumplimiento de la Ley de la Cadena que obliga a cubrir los costes del eslabón anterior. En el texto final de la nueva Ley aprobada en el Parlamento sí se incluyeron ya deducciones en los gastos de gasóleo y de plásticos. Este desajuste entre precios de venta y costes ha constituido la causa principal de que 2021 haya sido uno de los más conflictivos en materia de protestas en el sector agrario, movilizaciones que se mantienen para el futuro.

La PAC. El otro gran protagonista del año ha sido la elaboración del Plan Estratégico con el que ubicar los más de 47.000 millones de euros previstos para España en el próximo periodo de la PAC desde 2023. Su elaboración ha sido el resultado de cientos de reuniones a todos los niveles, miles de folios y encuentros con todos los posibles sectores afectados, especialmente con las comunidades autónomas, sin que al final se produjera un acuerdo pleno en los puntos más sensibles: cuando se habla de dineros. Así las cosas, le  ha tocado decidir finalmente al Ministerio la redacción última del documento antes de remitirlo a Bruselas en estas fechas finales de año.

Sobre la mesa quedaron patentes las diferencias existentes en aspectos tan sensibles como quién es el verdadero activo para percibir los fondos, el ritmo para lograr la convergencia total en una región, el propio número de regiones, la política de redistribución de los fondos, el número de ecoesquemas a través de los cuales repartir más de 1.000 millones de euros o la eliminación a partir de 2029 de los pagos por derechos históricos.

El año ha sido escenario de una nueva Ley de la Cadena Alimentaria en la que se han incluido una serie de prácticas abusivas contempladas en las directivas comunitarias, así como la prohibición de la venta a pérdidas, o que ningún escalón de la cadena puede tener un precio inferior al anterior en la misma. En materia legislativa se halla la normativa para evitar el desperdicio alimentario, que se cifra en unos 1.300 millones de kilos al año. Agricultura tiene en marcha la elaboración de una nueva disposición para la ordenación de las explotaciones de vacuno donde se contempla un máximo de 850 UGM -equivalente a unas 725 vacas y a 1.400 terneros-. Igualmente se pretende impulsar una política de sostenibilidad de los suelos para evitar un mayor deterioro de los mismos. En ambos casos, las dos medidas van a tener un impacto importante en materia del empleo o eliminación de los residuos en las explotaciones ganaderas que exigirán mayores inversiones en las granjas.

Los fondos del Ministerio de Agricultura para apoyar al seguro agrario registraron un incremento de solo tres millones de euros frente a la subida del 20% registrada un año antes. Con ello, la aportación de Agricultura para el seguro y pago de las primas ya supera los 256 millones de euros, una cifra que sin embargo se sigue quedando corta para la demanda de pólizas y, sobre todo, por las aportaciones de las comunidades autónomas la misma política de los seguros no acaba de despegar.

En el año que finaliza se produjo en el Ministerio de Agricultura una especie de conato en el campo de la representatividad agraria y se barajó la posibilidad de establecer un sistema para medir la actual presencia de cada sigla no basada en elecciones, sino en otros mecanismos. Al final todo quedó en un conato en contra de las peticiones que viene realizando la organización Unión de Uniones, una escisión de COAG, que tiene una presencia importante, entre otras regiones en Castilla y León o Cataluña, donde es dominante a pesar de que hoy no se halla en las mesas con las demás siglas.

En 2021 el lobo fue uno de los principales protagonistas ante la decisión de la ministra Teresa Ribera de incluirlo en el listado de especies protegidas en contra de las posiciones de organizaciones agrarias y comunidades autónomas y la respuesta tardía de Luis Planas. Como también fue tardía la respuesta de Ministerio de Atocha a las manifestaciones del ministro Garzón contra el consumo de carne que figuraba en la Agenda 2030 del propio Gobierno, que también debería conocer el ministro de Agricultura antes de que lo voceara el de Consumo. Dos lobos desde Transición y Consumo, a dentelladas contra el campo, a los que ahora se suma Trabajo en materia laboral, sin un perro guardián o un pastor eléctrico en Atocha.

Y sobre la posibilidad de un doble contrato con las eléctricas en regadíos, es simplemente otro añadido a una Ley que cuenta con Agricultura para su cumplimiento, aunque nadie sabe cómo. Toca otra vez esperar a una medida que supondría un ahorro para los regantes del 20% de su factura.