Al cabo de tres años de negociaciones Bruselas dio luz verde a la reforma de la Política Agrícola Común que deberá entrar en vigor en 2023. En ella se sientan la bases sobre las que cada país deberá negociar el contenido del Plan Estratégico con el que satisfacer los compromisos y las exigencias que contiene. Los debates desarrollados en los últimos dos años con las comunidades autónomas tienen ya el marco de referencia definitivo y habrá que cerrar con ello el Plan en los próximos meses para su presentación en Bruselas antes de fin de año.
En relación con esta nueva reforma, se pueden hacer dos tipos de valoraciones. Una, atendiendo únicamente a los números; otra, a su filosofía.
Si nos fijamos en los números: presupuesto mantenido en 47.724 millones de euros, una cifra similar a la del periodo anterior pero deteriorada por los efectos de la inflación y otros ligeros ajustes previstos; la Ayuda Básica a la Renta supondrá el 60% de los pagos directos; un 40% irá para las políticas verdes, en las que emergen los ecoesquemas con el 25% de los fondos; apoya a los jóvenes con el 3% frente al máximo del 2% actual, con el techo de los 100.000 euros; destino del 12% del presupuesto para los pagos asociados, con el techo del 15% incluyendo los cultivos proteicos.
Pero, datos aparte, la nueva reforma gira sobre dos ejes en una línea que el ministro de Agricultura Luis Planas calificaba como más justa y sostenible por la política de redistribución y además por las medidas medioambientales en el marco de las estrategias ‘Del campo a la mesa’ y ‘Biodiversidad 2030’. En materias de redistribución para una política más justa se hallan medidas como el techo de 100.000 euros por petición con ajustes a partir de los 60.000 o el 10% de los pagos directos para pagos redistributivos -en este aspecto, cada país debe negociar qué número de primeras hectáreas tendría derecho a esa ayuda-.
En el caso del conjunto de las políticas medioambientales en el marco de la política verde, con la nueva reforma crecen los requisitos para los agricultores y ganaderos a la hora de producir, con la reducción en el empleo de fertilizantes y fitosanitarios en agricultura o de productos zoosanitarios en las granjas. En las explotaciones ganaderas se suman otras exigencias a medio plazo en materia de bienestar animal, como la eliminación de las jaulas, respondiendo a una demanda de la sociedad.
Consecuencia de esas nuevas medidas en materia de laboreo o manejo de las animales, la actividad agraria tendrá unos mayores costes para producir menos. En la actividad agrícola, en algunos casos puede suponer una medida positiva para la sostenibilidad de los suelos a medio plazo. Ello supone, de entrada, menos producción, menos ingresos y menor rentabilidad. Sin embargo, lo que sería una estrategia positiva con la mirada puesta en el territorio, en el medio ambiente y también para la sostenibilidad de la actividad, no tiene justificación si la misma no va acompañada de otras medidas complementarias que no figuran en la reforma. De entrada, esa nueva vía de mayores exigencias no conlleva mayores recursos directos. No hay más fondos, sino, en todo caso, riesgo de algunos ajustes.
Si uno de los objetivos es lograr producciones de mayor calidad diferenciada y seguridad alimentaria sobre los buenos baremos que ya hoy existen, la misma política debería ir acompañada de una estrategia de apoyo y de promoción en unos mercados en los que el consumidor podría pagar unos céntimos más por lo que se le ofrece.
La nueva estrategia debería haber estado ya acompañada de una política coherente en lo que afecta a las importaciones de terceros países, tanto en volumen como en exigencias en materia de calidad y seguridad alimentaria. No es justo que, mientras se pide todo a los agricultores y ganaderos comunitarios en materia de sanidad, seguridad, medioambiente, bienestar animal o relaciones laborales, campen las importaciones sin los necesarios controles fito y zoosanitarios desde terceros países donde, en muchos casos, no se respetan las normas mínimas medioambientales, de bienestar animal o las exigencias laborales de la Organización Internacional del Trabajo. Esto se traduce en bajos precios y con ello en la posibilidad de competir en el mercado comunitario expulsando a los productores locales. La nueva reforma prácticamente no ha abordado mejoras en lo que se refiere a los mecanismos para la regulación de los mercados, algo que Bruselas se encargó de desmantelar progresivamente.
El sector agrario coincide en que es importante la sostenibilidad del territorio, el medio ambiente o el mantenimiento de los suelos con la mirada puesta en el medio y el largo plazo. Pero todas esas medidas deben permitir a la vez, y en primer lugar, la sostenibilidad de los agricultores y ganaderos, lograr una rentabilidad adecuada por su trabajo y garantizar así el relevo generacional, muy apoyado sobre el papel. Sostenibilidad para todos, para producir alimentos suficientes en calidad, volumen y a precios asumibles y lograr una oferta autosuficiente en los países miembros en base al mantenimiento de sus estructuras productivas; pero también sostenibilidad para sus actores.
En el tratado constituyente de lo que hoy es la Unión Europea, en 1957, se contemplaba una política agraria comunitaria diseñada para aumentar la productividad del sector y lograr suministros suficientes a precios razonables en aras de una seguridad alimentaria. Unos años más tarde, en 1962, en base a esos principios se establecía la Política Agrícola Común con los mismos objetivos globales de la autosuficiencia en el aprovisionamiento de los productos alimentarios, además de establecer un compromiso en la lucha por el clima.
Hoy, al cabo de casi siete décadas, en la PAC manda el medioambiente y su sostenibilidad, algo importante. Pero podría pasar que en la siguiente reforma, si no se producen algunos cambios en la política, se volviera a establecer como objetivos claves la autosuficiencia alimentaria en la Unión Europea, de una menor dependencia exterior y de la sostenibilidad de los pocos agricultores y ganaderos que hayan sobrevivido.