UGT ha trasladado a la Junta de Comunidades las quejas del personal laboral que trabaja en los centros educativos de la región, formado en su inmensa mayoría por auxiliares educativos, aunque aquí también se engloba a cocineros y técnicos de jardín de infancia y en leguaje de signos.

Un colectivo altamente feminizado y que afirma sentirse discriminado en relación al equipo docente, dependiente de la Consejería de Educación y con unas condiciones laborales sensiblemente mejores, pero también en relación al resto de personal laboral de la Junta. Y es que, como se advierte desde este sindicato, «han aprobado su oposición como los demás y no es justo que se les discrimine por prestar sus servicios en centros educativos y tener vinculado su contrato al curso y horario escolar, lo que les obliga a ir al paro en julio y agosto».

 Además, la mayoría de ellos no alcanza las 30 horas de jornada laboral semanal (la jornada completa en la Junta es de 35 horas), lo que supone una merma salarial considerable.

Esta quejas han sido trasladadas al Ejecutivo regional en forma de 150 cartas dirigidas al consejero de Hacienda, Alfonso Ruiz Molina, también responsable de Administración Públicas. En ellas se le pide que «cumpla con las promesas hechas en la mesa de negociación». Básicamente, que transforme en jornadas completas todos los puestos fijos-discontinuos y parciales y que convoque a los representantes de los trabajadores a una nueva mesa «para solucionar la situación de discriminación que viven actualmente» estos trabajadores.

El personal laboral de la Junta que trabaja en centros educativos como empleados no docentes asciende a 684 personas, si bien el problema se centra en 554 casos (el 81%), ya que son los que tienen las condiciones más precarias. Entre ellas, la ya citadas jornadas semanales de 30 horas y el desempleo en verano, así como salarios más bajos que el resto del personal laboral (700 en total en toda la región), menos participación en los centros, menos antigüedad, perjuicio en el cálculo de las prestaciones de la seguridad social, dificultades de acceso a la jubilación parcial o obligatoriedad de realizar la declaración de la renta pese a no ser necesario por ingresos, entre otros aspectos.

«Hemos pedido acabar con esta discriminación en todas las mesas de negociación desde que las competencias en educación pasaron a la comunidad autónoma pero vemos que termina la legislatura y las promesas se quedan en el aire», insiste Adoración Muñoz, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la comunidad. «Esperemos que el consejero y el director general de Función Pública pongan atención a estas cartas y nos reúnan cuando antes en la mesa de negociación».